Solchaga cifra en 100.000 millones el fraude del IVA, de los que 30.000 son de la operación de Madrid

Hacienda ha sacado a la luz hasta ahora un total de 100.000 millones de pesetas en bases imponibles no declaradas que han utilizado la vía de las facturas falsas del IVA. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, informó ayer en Sevilla que el descubrimiento de una de estas redes de falsificación fue la que llevó a la detención anteayer en Madrid de ocho personas por un fraude estimado en 30.000 millones de pesetas. Este fraude está relacionado con las irregularidades descubiertas en la compra de terrenos por Equidesa -100% de Renfe- en Madrid.

Solchaga añadió que la operación de Madrid se ha llevado a cabo por iniciativa judicial y que en ello "el Ministerio de Hacienda ha prestado un apoyo logístico, como es su obligación". Para el ministro "estas noticias demuestran que cada vez es más difícil defraudar a Hacienda". En su opinión, hace diez años también existía fraude fiscal, pero nadie lo reprimía". Ahora, añadió, "puede parecer que se defrauda más, pero la realidad es que se persigue mejor".El mecanismo utilizado es la emisión de facturas a nombre de empresas inexistentes, que luego son compradas por empresas en funcionamiento que descuentan de sus declaraciones los pagos de IVA supuestamente efectuados a las primeras.

Las ocho personas detenidas pasaron ayer a disposición de la Audiencia Nacional donde prestaron declaración ante el juez central de instrucción número 3. Las diligencias, que se iniciaron el pasado 21 de octubre, tenían como objetivo "averiguar las empresas y responsables de las mismas que venían emitiendo facturas falsas en las que se hacía .constar el recargo sobre el importe por el impuesto del IVA", según el Juzgado. Como resultado de las primeras diligencias se ha determinado un gran número de empresas constituidas como sociedades instrumentales que se dedicaban a emitir facturas falsas que eran compradas por otras empresas que las utilizaban para rebajar los beneficios y pagar menos a Hacienda.

Algunas de las personas implicadas han intervenido como agentes mediadores en la compraventa de inmuebles y contratos de arrendamientos, realizando las llamadas "interposiciones". Según el Juzgado estas "interposiciones" consisten en "comprar o alquilar por un precio determinado los inmuebles siguiendo instrucciones al efecto del comprador o arrendatario a quien se le vendía o alquilaba el mismo inmueble a un precio marcadamente superior del que había sido concertado con el anterior propietario".

Un ejemplo de este tipo de arrendamientos fue el efectuado por el Consorcio Eléctrico Madrileño sobre unos terrenos posteriormente adquiridos por Equidesa en San Sebastián de los Reyes y por los que esta compañía tuvo que pagar una compensación de unos 400 millones de pesetas. Los tres socios del Consorcio, Carlos de Juan Villa, José Antonio Cardós Pastor y Miguel González Férnández, figuran entre los detenidos. Éste último fue puesto en libertad en la tarde de ayer, tras prestar declaración.

Precisamente en relación con las inversiones de Equidesa, han aparecido nuevos documentos que revelan que el carácter especulativo de estas operaciones era conocido por la dirección de la compañía ferrovaria.

En un primer documento de 5 de marzo de 1990, en el que figura el visto bueno del entonces presidente de Renfe, Julián García Valverde, se solicita "un anticipo de Tesorería de hasta 1.000 millones de pesetas a favor de Equidesa, con el fin de posibilitar la realización de determinadas inversiones inmobiliarias de muy alta rentablidad en el corto/ medio plazo, a regularizar con posterioridad". Un segundo documento (23 de marzo) amplía el anticipo a 1.800 millones de pesetas (ver documentos adjuntos).

Compra de terrenos

Un tercer documento certifica que el consejo de administración de Renfe autoriza, el 28 de diciembre de 1990, "la ampliación de capital de Equidesa en la cantidad de 1.500 millones de pesetas, totalmente suscritos y desembolsados por Renfe al formalizarse por parte de Equidesa el correspondiente acuerdo de ampliación". Equidesa devolvió posteriomente a Renfe 450 millones de los 1.800 que había recibido como anticipo. Los 1.350 restantes son los que realmente se invirtieron en la compra de terrenos y compensación de arrendamientos supuestamente ficticios en San Sebastián de los Reyes.

En este tercer documento también se recoge que "la señalada ampliación de capital será efectuada con cargo al valor de los rendimientos urbanísticos obtenidos de los convenios urbanísticos-ferroviarios suscritos entre Renfe y el Ayuntamiento de Barcelona.

En relación con estos documentos, un informe interno de Renfe del pasado 8 de octubre de 1991 llama la atención en el hecho de que "se informa al consejo, -de Renfe-, con posterioridad de la inversión realizada". También señala que "no se clarifica el carácter de la operación, se refleja como inversión inmobiliaria y no como operación lucrativa especulativa".

El auditor de Renfe subraya que la forma de pago utilizada por Equidesa consiste en cheques bancarios conformados al portador y por importes fraccionados tanto para las compras como para el abono de la renuncia de los derechos. En su opinión, considera que siendo habituales este tipo de operaciones "son inusuales en Renfe y objetables desde el punto de vista del control interno". "Por otra parte", precisa, "el carácter público de las socidades Renfe y Equidesa debe condicionar su actuación tanto en el marco fiscal como de transparencia y clarificación de sus operaciones".

Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la versión del ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, sobre todas estas operaciones. Fuentes del Ministerio señalaron que se encontraba fuera de España.

En relación con estas irregularidades, Izquierda Unida tiene previsto instar acciones legales contra los principales responsables el próximo lunes.

Redes de falsificación

Los primeros indicios sobre la falsificación de facturas del irñpuesto sobre el valor añadido (IVA) aparecieron en octubre del año pasado en Barcelona. En aquella primera ocasión, la policía detuvo a ocho personas, que presuntamente habían cometido un fraude de 2.000 millones de pesetas, que luego se convirtieron en 5.000 millones.

Este caso inicial se extendió rápidamente, como una mancha de aceite, por el resto de la geografia española. Apenas dos meses después de abierto el caso, seis personas eran detenidas en Asturias y otras dos en Málaga como presuntos integrantes de una red dedicada a la falsificación de facturas del IVA. En este caso, el montante de las operaciones ascendía a unos 4.000 millones de pesetas.

Madrid, Pamplona, Alicante, Gijón, Palma de Mallorca, Vizcaya, Logroño, Valladolid y Valencia pasaron, en menos de un año, a engrosar esta larga historia de fraudes.