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Serra propone traspasar competencias de las comunidades autónomas a los ayuntamientos

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, hizo ayer una triple oferta ante los más de 1.000 alcaldes españoles, de todos los partidos políticos, congregados en la quinta asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en estado de rebelión por la acumulación de deudas de sus municipios y por considerarse marginados en el proceso institucional. Serra, en un intento de acercar el Gobierno a las posiciones de los alcaldes, anunció ayer que las comunidades autónomas cederán competencias y, por tanto, tributos, a los ayuntamientos; que el Gobierno abrirá un diálogo sobre los 110.000 millones de pesetas que reclaman los municipios, y que habrá un nuevo plan catastral pactado.

El triple anuncio, acordado con el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, fue acogido por la asamblea de alcaldes con discretos aplausos. El vicepresidente, en un discurso municipalista y autocrítico, se comprometió a liquidar a los ayuntamientos la deuda reconocida por el Gobierno, retenida a causa de las discrepancias sobre la interpretación de la ley de haciendas locales. También se comprometió a abrir un diálogo sobre los 110.000 millones que reclaman los alcaldes. Serra precisó que la Administración del Estado ya "ha cursado la preceptiva ampliación de crédito, que fue aprobada, y han sido remitidas a la Dirección General del Tesoro las órdenes correspondientes".Respecto a los 110.000 millones que reclaman los ayuntamientos, el vicepresidente del Gobierno reconoció que la ley de haciendas locales, cuya diferente Interpretación ha origina do el conflicto, es "genérica". A renglón seguido, aseguró que el Gobierno, a pesar de la discrepancia surgida, "sigue manteniendo una postura abierta, de diálogo franco y constante para seguir explorando las posibilidades existentes".

Esta actitud de Serra ante el punto más conflictivo que mantiene con los alcaldes originó una reacción esperanzada por parte de alcaldes socialistas y del Partido Popular. El socia lista Antonio González, Triviño, alcalde de Zaragoza, y Jesús Mañueco, presidente de la Diputación de Palencia y miembro de la ejecutiva del Partido Popular, coincidieron en mostrar su esperanza en un acuerdo negociado, así como en cuestionar al secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza.

Diferencia de cifras

Éste señaló hace unos días que el Gobierno no negociaría la reclamación de 110.000 millones por parte de los alcaldes. Abel Caballero, miembro de la ejecutiva del PSOE y responsable institucional del partido, manifestó ayer que próximamente se reunirían el presidente electo de la FEMP con el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga. En medios de la FEMP se estima que la oferta del Gobierno para el acuerdo puede rondar los, 60.000 millones de pesetas.

La posición municipalista de Serra quedó también reflejada en su oferta de cesión de competencias de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Serra precisó que había que aprovechar la negociación del pacto de Estado autonómico para realizar esas transferencias.

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El vicepresidente del Gobierno dijo: "El proceso de diálogo no debe circunscribirse al mero traspaso de competencias estatales a las comunidades autónomas, sino que puede y debe ayudarnos a iniciar un nuevo proceso en el que ejercicio de algunas de esas y otras competencias sea a su vez encomendado a las corporaciones locales". En otro momento precisó que las competencias a transferir podrían ser servicios sociales, enseñanza, cultura o medio ambiente.

Serra hizo una tercera oferta importante en términos muy difusos: la polémica revisión catastral, que hace un año originó un grave conflicto que terminó con el repliegue del Ministerio de Economía y Hacienda. Serra dijo: "El Gobierno tiene intención de presentar en breve un plan de actuaciones que contemple las modificaciones normativas, las medidas de gestión y el proceso de comunicación al ciudadano, para que disponga en todo momento de una información adecuada y puntual sobre el alcance de la revisión".

Revisión catastral

Serra, consciente del grave conflicto suscitado hace un año, añadió: "El Gobierno es sensible a la inquietud que produjo entre los contribuyentes el último proceso de revisiones catastrales". El vicepresidente se comprometió a mantener "cuantos contactos y reuniones sean precisos para alcanzar el máximo consenso con los municipios e instituciones cuyos intereses estén relacionados con este impuesto".

Ayer se observaba entre los miembros de la asamblea de municipios un clima de negociación una vez conocida la oferta de Serra. Los alcaldes, tanto del PSOE como de los partidos de la oposición, acuciados por las deudas de sus ayuntamientos, aparecen interesados por el acuerdo.

Paralelamente, los socialistas se muestran relativamente moderados en sus críticas al Gobierno por no ofrecer flancos de ataque al resto de los alcaldes de la oposición, también representados en la FEMP.

El Gobierno no aplazará el impuesto de actividades económicas

L. R. A. / W. O., El Gobierno no aplazará la entrada en vigor del impuesto de actividades económicas (IAE), según aseguró ayer ante los alcaldes el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. "No vamos a aplazarlo, y entrará en vigor de acuerdo con lo previsto, el 1 de enero de 1992. Tampoco se va a prorrogar el plazo para la declaración de alta del impuesto, que concluye el 13 de diciembre próximo", afirmó Serra en tono tajante.

El IAE, cuyo aplazamiento sería considerado por los municipios españoles como un verdadero colapso de sus finanzas en 1992, corre el riesgo de convertirse en un nuevo catastrazo a raíz de la campaña emprendida en su contra por algunas patronales y organizaciones profesionales, que han visto reforzada su posición por la intervención del PP en contra de la aplicación inmediata del impuesto y solicitando su aplazamiento por un año.

El borrador de la ponencia de Hacienda que desde hoy estudiarán los miembros de la FEMP destaca precisamente, entre las carencias demostradas en los últimos tres años, tras la entrada en vigor de la ley reguladora de las haciendas locales, el retraso en la aplicación del IAE. La ponencia lamenta también la todavía pendiente revisión de los valores catastrales y el litigio en torno a la liquidación definitiva de la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado.

El texto recomienda que cada ayuntamiento interponga un recurso para defender la cantidad que considera que le corresponde.

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