La presidencia holandesa cree difícil que prospere en Maastricht la demanda española de solidaridad

La reivindicación española de una mayor cohesión o solidaridad de los países más desarrollados de la CE con aquellos que, como España, están en el pelotón de cola, es uno de los dos principales escollos que afronta la presidencia holandesa de la CE para sacar adelante, los próximos días 9 y 10 de diciembre, la histórica cumbre de Maastricht (Holanda). El primer ministro holandés, Ruud Lubbers, insistió ayer, en el curso de una entrevista de tres horas con Felipe González en el palacio de la Moncloa, en que "será difícil que este mensaje sea aceptado por la mayoría de las capitales" europeas. El otro obstáculo importante es la negativa británica a aceptar armonizar la legislación social entre los Doce.

El primer ministro holandés puso de relieve los grandes obstáculos que para el éxito de la cumbre suponen ambas posiciones, según dijo ayer el secretario de Estado para la CE, Carlos Westendorp. El ministro de Exteriores de Holanda, Hans van den Broek, se expresó en términos parecidos ante el Parlamento Europeo. "En todos los demás aspectos, ambos ven posibilidades de compromiso", manifestó Westendorp.Las dificultades subsisten, como puso ayer de manifiesto el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, al advertir que, aunque el Gobierno español no amenaza con vetar el resultado de la cumbre comunitaria, ello no quiere decir que haya renunciado a ejercer ese derecho. Pérez evitó pronunciarse sobre cuál es el mínimo aceptable para el Ejecutivo porque según dijo, "estamos en plena negociación".

Procedente de Atenas, Lubbers efectuó una escala en Madrid para preparar con González la cumbre en la que los jefes de Gobierno de los Doce intentarán aprobar los tratados de unión política y monetaria. Al contrario de lo que hizo en la capital griega, y en el palacio de La Moncloa hace sólo cuatro meses, Lubbers rehusó ayer hacer declaraciones a la prensa.

Avances insuficientes

"Hemos avanzado de forma apreciable en la comprensión de nuestros planteamientos por parte de la presidencia holandesa", afirmó Westendorp, haciéndose eco de la opinión de González. "Se ha hecho un esfuerzo hacia nuestras posiciones, pero no es aún suficiente". Lubbers "se ha ido con la idea de que, para satisfacer nuestro planteamiento sobre la cohesión hay que poner algo más que no figura hasta ahora" en el borrador del tratado, añadió. El primer ministro holandés recalcó ante González que "será difícil" que la mayoría de los miembros de la CE acepten la demanda, española.

Concretamente, dijo Westendorp, España ve con buenos ojos que la cohesión figure "como un objetivo del tratado de unión, y no como una mera política"; que la Comisión Europea vaya a ser encargada de comprobar periódicamente si la solidaridad intracomunitaria funciona -en caso contrario deberá proponer remedios-, y que quede abierta la posibilidad de aumentar la dotación o de crear nuevos fondos estructurales de ayuda a las regiones menos desarrolladas.

El mayor parte de las reivindicaciones españolas, que González defendió ante Lubbers, consiste en modificar el sistema de ingresos de la CE, para que cada socio contribuya también a su presupuesto en función de su riqueza; reducir hasta un 20% o un 25% el porcentaje de la aportación del Estado a los proyectos de desarrollo cofinanciados con la Comunidad, y crear además un fondo de compensación interestatal o de convergencia para ayudar a los Gobiernos centrales a costear obras de infraestructura.

El secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, juzgó ayer "inaceptable para España la forma en que el proyecto de tratado recoge ahora la cohesión económica y social". El Gobierno español considera "irrenunciable que el nuevo tratado recoja no sólo el principio de la cohesión, sino también cómo se instrumentalizará ésta en la unión europea", dijo.

En la unión monetaria, España "no plantea problemas específicos", según Westendorp. En cuanto a la cooperación judicial, policial y consular, sólo pide que una decisión -la imposición de visados a terceros países- no sea adoptada por mayoría, sino por unanimidad. "Se trata de evitar que nos obliguen a someter al trámite del visado a determinados países latinoamericanos", precisó.