Porfía inútil

OCHO DE cada 10 delegados elegidos en las elecciones sindicales de 1990 pertenecen a uno de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, según la proclamación oficial de resultados realizada el pasado sábado. En las celebradas en 1978, las primeras tras la legalización de los sindicatos, el porcentaje conjunto era del 55%. Desde entonces, la tendencia a aumentar la concentración de los votos en esas dos siglas se ha mantenido constante: el 60% en 1980, el 70% en 1982, el 75% en 1986, el 79% ahora. Y ello, al margen de cuál de las dos resultara la más votada y de cuáles fueran las relaciones (de cooperación o enfrentamiento) entre ambas en el periodo de las votaciones. Por otra parte, la legislación no atribuye ventaja especial alguna, a efectos.de participación institucional, a la central que resulte mayoritaria.Con el 42% (UGT) y 37% (CC OO) de los delegados, ambas superan ampliamente la barrera del 10% que la ley establece como mínimo para obtener el reconocimiento como sindicato representativo, del que depende su presencia en organismos como el Consejo Económico y Social u otros. Y tan impensable como que cualquiera de ellas fuera excluida de una negociación resultaría que a una de las dos se atribuyera mayor representación en una concertación de ámbito nacional.

Se entiende mal, por ello, el encarnizamiento con que los dirigentes de UGT y CC OO se enfrentaron por cuestiones relacionadas con la convocatoria del proceso electoral, hasta el punto de poner en serio peligro la línea de unidad de acción, de la que, según sus dirigentes, se derivan efectos beneficiosos para los trabajadores. Los preavisos -anuncio unilateral por parte de una central de la fecha en que van a celebrarse las elecciones en un centro de trabajo- presentados por CCOO en 200.000 pequeñas empresas fueron el desencadenante de la porfia. Sin embargo, la gran trascendencia que ambos sindicatos atribuyeron a ese factor no parece haber sido confirmada por los resultados, que prácticamente son una repetición de los de 1986: la distancia a favor de UGT fue entonces de seis puntos y ahora ha sido de cinco. Resulta dudoso que valiera la pena desencadenar una batalla como la que tan gravemente dividió a las fuerzas sindicales por ese punto en disputa.

El que se hayan anulado cerca de 30.000 actas de delegados -el 12,25% de los elegidos- indica un elevadísimo nivel de irregularidades. Pero casi peor es que, frente a esa inquietante realidad, cada central se haya limitado a acusar a la otra en lugar de tomar las medidas internas obligadas. Culpar de ello a la normativa electoral puede resultar consolador, pero no contribuye a contener un cierto deterioro de la imagen de los sindicatos. Es verdad, con todo, que esa normativa ha revelado demasiadas debilidades, y tal vez haya llegado el momento de introducir alguna de las modificaciones apuntadas por los expertos. A lo mejor así no habría que esperar 11 meses para conocer los resultados.