La iniciativa legal ha provocado un rechazo social sin precedentes

El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana es considerado inconstitucional desde sectores jurídicos, políticos y sindicales. En diciembre de 1990, la Asociación Jueces para la Democracia hizo pública su inquietud en torno al anteproyecto. El colectivo estimaba que "pone en cuestión el Estado de Derecho". El Consejo General del Poder Judicial dio a conocer también un informe que descalificaba el enfoque jurídico con que Interior aborda la materia.Otros colectivos en contra del proyecto son la Asociación Libre de Abogados y el Sindicato Unificado de Policía. Éste último considera que la ley puede poner en peligro la buena imagen que de la policía tiene el ciudadano medio. La Unión Progresista de Fiscales en su sexto congreso consideró "gravísimo dejar al arbitrio policial el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio".

En junio el Consejo General de la Abogacia expresó por boca de su presidente, Antonio Pedrol Rius, que la ley es "inadmisible" porque vulnera derechos constitucionales. De parecida opinión es el juez Baltasar Garzón, quien además solicitó la retirada o modificación del texto dadas sus "aberraciones jurídicas". Francisco Rubio Llorente, vicepresidente del Tribunal Constitucional, consideró el proyecto de ley un "error jurídico".