La asociación de vecinos está contenta "sólo al 70%"

La Asociación de Vecinos de San Cristóbal, que mantiene una batalla legal contra las obras de la plaza de Castilla, mostró ayer su entusiasmo por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La portavoz, Margarita Botija, matizaba sin embargo: "Sólo estamos contentos al 70%, porque para llegar al cien por cien tendrían que haber dado respuesta a otros recursos sobre la utilización por la constructora de suelo de propiedad estatal y los daños que las obras han ocasionado en los túneles del metro".

Margarita Botija añadió que la satisfacción de los vecinos habría sido mayor si también se hubiesen pronunciado al respecto el defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, y el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, a quienes los vecinos recurrieron en su momento.

"Estos señores", agregó la portavoz vecinal, "no nos han hecho ni caso, pero al menos seis magistrados han sido capaces de reconocer la estafa que venimos denunciando desde hace tiempo".

La Asociación de Vecinos San Cristóbal ha presentado una decena de recursos contra diferentes aspectos de la edificación de las torres de KIO. Uno de ellos, coincidente con el de Izquierda Unida, ha sido respaldado con la actual sentencia, que reconoce un coeficiente de edificación superior al máximo fijado en el Plan General de Urbanismo.

Por su parte, el presidente de esta misma asociación de vecinos, Julio Prieto, declaró a la agencia Servimedia que está satisfecho con la sentencia: "Siempre denunciamos que el proyecto era ilegal".

Prieto recordó que la impugnación vecinal -coincidiendo con Izquierda Unida- se extiende al uso privado de terrenos públicos: "Desde el principio dijimos que eran terrenos públicos y no deberían haberse vendido a Urbanor". Esta parte del suelo de la plaza de Castilla fue expropiada por el Estado en 1947 para construir los accesos a la estación de trenes de Chamartín, y los vecinos entienden que es ilegal destinarlo a otro uso.

IU y el contenido del fallo

Ninguna de las partes afectadas por la sentencia pudo opinar ayer sobre su contenido concreto, que ocupa una extensión de 22 folios. Sólo la coalición Izquierda Unida tuvo oportunidad de leerla, después de solicitársela a este periódico, que a su vez la obtuvo de fuentes jurídicas. Ninguna otra parte implicada utilizó esa posibilidad, y todas arguyeron tal desconocimiento para no pronunciarse. La coalición de izquierda entregó ayer por la mañana el último folio de la sentencia, que incluye el fallo, al resto de los medios informativos.