IU cree "una locura" que sigan las obras de KIO

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha anulado el planeamiento municipal que autorizó la construcción de las torres de KIO (véase EL PAÍS de ayer) ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de la capital. El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Herrera, a quien los tribunales han dado la razón, pidió la inmediata suspensión de las obras. "Si no se paralizasen sería una locura", advirtió Herrera. La empresa Urbanor, promotora de las torres de la plaza de Castilla, continuaba ayer los trabajos.

El primer teniente de alcalde, Luis María Huete, anunció ayer que el Ayuntamiento recurrirá "de oficio" contra la sentencia del Tribunal Superior. La interposición del recurso será "automática, en defensa del interés legal". El Ayuntamiento sigue siempre la norma de recurrir las resoluciones de los tribuinales que le son desfavorables.Sin embargo, Huete declinó hacer comentarios sobre el contenido de la sentencia "hasta que el Ayuntamiento no haya recibido una notificación oficial". El primer teniente de alcalde aseguró que el procurardor que representa a la corporación en este caso aún no ha sido convocado por la secretaría de Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El concejal de Obras e Infraestructuras, Enrique Villoria, sí se atrevió a señalar que el expediente del estudio de detalle de la plaza de Castilla, que diseña el desarrollo urbanístico de la zona, "contaba con los preceptivos informes técnicos", informa Efe. Villoria considera que, incluso en el caso de que el Ayuntamiento perdiera el recurso ante el Tribunal Supremo, "siempre podría hacer una modificación del planeamiento" [que debería ser aprobada luego por la Comunidad de Madrid].

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Herrera, remitió ayer una carta abierta al alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, en la que pide la paralización inmediata de las obras de las torres de KIO. Izquierda Unida advierte que si no se detienen las obras "estudiará solicitar una sanción legal por incumplimiento de la sentencia judicial". Para el portavoz de la coalición, la sentencia pone en cuestión los controles jurídicos del Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento ha regalado a una empresa privada edificabilidad y plusvalías", denunció Herrera. Y anunció que, si la constructora reclama una indemnización por la paralización o el recorte de las obras, pedirá que paguen los responsables políticos que aprobaron los planes urbanísticos -los concejales del PSOE y del Partido Popular- en el pleno del mes de julio de 1988, y que, en ningún caso, la reparación económica corra a cargo del dinero de los contribuyentes.

IU denuncia que el Ayuntamiento ha desarrollado "un urbanismo al servicio de la rapiña de los grupos de presión". Herrera recordó que su coalición aguarda aún el pronunciamiento de los tribunales sobre los recursos que se han presentado también contra el proyecto de compensación urbanística (entre los propietarios de terrenos en la plaza de Castilla), el proyecto de urbanización y la concesión de las cinco licencias de obras para los edificios de KIO (dos torres de 25 plantas y tres bloques de 10 pisos).

La aprobación de las licencias de obras, el 23 de febrero de 1990, fue calificada por Herrera como "golpe de Estado con premeditación y nocturnidad". En esa fecha gobernaba el Ayuntamiento de Madrid una coalición de centro-derecha integrada por el Partido Popular y el CDS.

Siguen los trabajos

Un portavoz de Urbanor, la promotora que construye las torres de KIO en la plaza de Castilla, señaló ayer que, "al día de hoy, la empresa trabaja con toda normalidad, ya que cumple los derechos y deberes que otorga la licencia de construcción" que se concedió en su momento, informa Lucía Enguita. El portavoz de Urbanor asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no afecta a la empresa que en todo caso es parte perjudicada, y considera que se trata de un contencioso entre Ayuntamiento e IU, en el que la citada constructora "está en medio". El representante de Urbanor precisó que no conocía la sentencia y que, legalmente, no tiene ninguna obligación de hacerlo.

La misma fuente confirmó que las obras no se van a paralizar -continúan con un ritmo de tres turnos diarios de trabajo- a no ser que haya una orden judicial en este sentido. De la misma forma se pronunció el consejero de la inmobiliaria Fernando Cid, que estaba ayer a pie de obra. "Nosotros tenemos una licencia municipal, y con eso estamos trabajando", había dicho a Europa Press. Cid conoció la sentencia por EL PAÍS. Las obras llevan un ritmo vertiginoso, y las torres suben una media de 2,5 centímetros cada 10 minutos.

EL portavoz de la inmobiliaria recordó que, si se paralizan las obras, el Ayuntamiento tendrá que pagar unas indemnizaciones enormes, aunque no calculó la cantidad concreta. Añadió que ese dinero provendría de todos los madrileños, en referencia a los inconveniente que puede ser para el gobierno municipal paralizar las obras de las torres. Para Izquierda Unida, el importe de la indemnización rondaría los 6.000 millones de pesetas.

El concejal socialista Alfredo Tejero señaló ayer que en estos casos la corporación tiene que lograr un acuerdo con la empresa promotora para compensarle -por ejemplo, con la adjudicación de otros terrenos- por la pérdida de volumen edificable.