La justicia anula el plan de las torres de KIO

El planeamiento municipal que autorizó la construcción de las torres inclinadas de KIO, en la plaza de Castilla, ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superiorde Justicia de Madrid. El fallo da la razón a Izquierda Unida (IU), que denunció la excesiva edificabilidad permitida por el estudio de detalle de la zona. El portavoz de IU, Francisco Herrera, afirmó ayer que las obras deben pararse inmediatamente y que su grupo va a estudiar si pide la inhabilitación como cargos públicos de los concejales del PSOE y del PP que en 1988 aprobaron el plan ahora anulado.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior, en una sentencia del 24 de octubre pasado, ha anulado el acuerdo del pleno de Madrid de julio de 1988 en el que se aprobó el estudio de detalle de la plaza de Castilla. Este documento precisaba cuántos metros cuadrados debían tener y dónde se habían de construir las dos torres de 25 plantas y tres edificios de 10 pisos del grupo inversor kuwaití KIO.Los seis jueces afirman en la sentencia que el planeamiento autoriza un coeficiente de edificabilidad (los metros cuadrados que se pueden construir en una una superficie determinada) superior al máximo fijado en el Plan General de Urbanismo. Este coeficiente se deriva, como dice la sentencia, "de una simple operación matemática".

Así, el pleno consintió que se pudieran construir 125.000 metros cuadrados de oficinas y viviendas en unos terrenos que suman 55.312 metros cuadrados, incluidos los viales. La división entre ambos conceptos (2,26) es el coeficiente de edificabilidad del estudio de detalle, que excede del que establece el Plan General (2).

Según Francisco Herrera, que conoció anoche la resolución judicial por una llamada de este periódico, "lo primero que debe hacer el Ayuntamiento ahora es suspender de forma inmediata las obras". El grupo KIO comenzó a levantar el esqueleto de las torres gemelas en la pasada primavera, nada más acabar el paso subterráneo bajo la plaza de Castilla que se comprometió a construir a cambio de la licencia.

Inhabilitaciones

Herrera apuntó también que su grupo va a debatir internamente la posibilidad de iniciar otro proceso judicial para pedir la inhabilitación de los concejales del PSOE, entonces en el gobierno municipal, y del PP que aprobaron el estudio de detalle en un pleno de 1988. El CDS e IU votaron en contra.José Luis Garro, que era portavoz del CDS, declaró tras aquel pleno que al PSOE le había faltado coraje para reducir el volumen de construcción. El propio Herrera criticó entonces que se había aumentado la superficie edificable. Las relaciones entre el PSOE e IU, antes de la moción de censura de 1989, se vieron continuamente enturbiadas por las torres de KIO. En febrero de 1989, IU plantea un recurso contencioso administrativo contra el estudio de detalle.

Un año después, y sin ninguna publicidad, la Gerencia Municipal de Urbanismo otorga la licencia para la construcción de las torres de oficinas y los edificios de viviendas. Fue un 23-F; por ello, Herrera declaró: "Se ha producido un golpe de Estado contra el urbanismo madrileño". Cada paso que dio el proyecto mereció un recurso judicial de IU.

En el que ahora resuelve el Tribunal Superior de Justicia, aunque desestima algunas de las reclamaciones, da la razón a IU "en lo fundamental", considera Herrera: el coeficiente de edifícabilidad supera el máximo permitido.

La sentencia incluso admite que el coeficiente sería mayor si se descontara de la división an terior los terrenos dedicados a espacios libres. A IU, con ese descuento, le salía un coefíciente de 5,6 metros cuadrados de edificación por cada metro cuadrado de suelo, casi el triple de lo que permite el Plan General. El estudio de detalle "debe ser considerado contrario a derecho en este punto ( ... ), y en consecuencia lo anulamos en tal extremo", dice el texto.

Urbanor, que es la empresa participada por KIO que desarrolla el proyecto, acordó este verano con la Inmobiliaria Vallehermoso la promoción de uno de los edificios residenciales del conjunto. Izquierda Unida advirtió que estaban vendiendo una parcela que tenía pendiente una resolución judicial;