La juez cree que el policía que mato a un 'tironero' sólo cometió imprudencia

María Teresa Chacón Alonso, la juez que instruye el caso de la muerte del presunto tironero José Utrera Gómez por disparos de un agente de la patrulla verde de la Policía Municipal, no ve indicios de que se trate de un delito grave, por lo que ha dictado auto de procedimiento abreviado para el caso. Este hecho procesal significa que la pena prevista por la juez es inferior a 12 años. Al descartarse la calificación de homicidio (penas superiores a 12 años), se baraja ya sólo la acusación de imprudencia profesional. El fiscal, según fuentes judiciales, ha recurrido el auto, dictado el pasado 7 de octubre.

La consideración de los hechos como homicidio implicaría una pena de reclusión menor (es decir, entre 12 años y un día y 20 años). Si son tenidos por imprudencia profesional se pueden castigar con prisión menor en su grado máximo (seis años de cárcel). Si tal imprudencia se hubiese producido sin infracción de los reglamentos, el hecho dejaría de ser delito para convertirse en falta. La muerte de José Utrera Gómez, presunto delincuente de 28 años, se produjo el pasado 8 de julio, después de que robara el bolso a una mujer por el procedimiento del tirón, armado con un destornillador.

Utrera fue interceptado por dos policías municipales de una patrulla ecológica (dedicada a la inspección de ruidos y contaminación) en la calle de Antonio López. Los dos agentes implicados en el caso, Antonio Palomeras Cob y Martín Rubio Castre), intentaron evitar la huida de Utrera, que conducía un coche robado. Para lograrlo, uno de los agentes atravesó el coche oficial en la calzada a fin de interceptarle el paso. Sin embargo, siempre según la versión oficial, el presunto delincuente arrancó el vehículo y lo enfiló hacia los policías.

Uno de los agentes, Palomeras Cob, que había salido del coche patrulla, disparó desde el suelo, adonde se había arrojado para evitar que el agresor le atropellara. El delincuente fue alcanzado en el pecho y murió después.

La prueba balística ha sido la base de la decisión tomada por la juez María Teresa Chacón Alonso de recurrir al procedimiento abreviado. Según esta prueba, se demuestra que todos los disparos se hicieron a ras de suelo y que la bala que mató a Utrera llevaba una trayectoria de abajo arriba. Ambos policías siguen prestando servicio, pero sin armas, según explica Carlos López Collado, concejal de Seguridad y Policía Municipal.

El mismo abogado

El delincuente muerto tenía numerosos antecedentes, entre ellos uno por intento de homicidio en 1982, otro por tráfico de drogas y también por robos por intimidación. En el momento de ser tiroteado pesaba sobre él una orden de busca y captura dictada por un juzgado.

El abogado que defendía a ambos agentes, Emilio Rodríguez Menéndez, aceptó en septiembre llevar la acusación contra dos policías municipales implicados en la muerte de otro delincuente en el barrio de Pan Bendito.

Por tal motivo, el pasado mes de septiembre, los agentes Palomeras y Rubio cambiaron de abogado.

Según Rodríguez Menéndez el cambio se produjo a propuesta suya. "Les dije que podía parecer incorrecto que yo llevara ambos casos al mismo tiempo. Ellos lo entendieron. No era por mí, sino por ellos".

El suceso de Pan-Bendito se registró el 23 de agosto pasado. En él resultó muerto otro delincuente, Juan Andrés González Torres, por un disparo que efectuó un policía municipal. En este último suceso, sin embargo, la juez que instruye el caso, que también es María Teresa Chacón Alonso, decidió la pasada semana procesar al policía que hizo el tiro mortal.

La investigación judicial deberá discernir si el presunto delincuente ya tenía puestas las esposas cuando le disparó el agente. El cadáver fue sacado del lugar con ese mecanismo de seguridad instalado en sus muñecas, y así ingresó en el hospital. El policía declaró después que le había puesto las esposas después de dispararle.

El concejal López Collado ha señalado que los dos policías del caso Pan Bendito fueron trasladados de destino y prestan servicio sin armas.

El edil añadió que está a la espera de íos informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid por si se aprecia la necesidad de suspender de empleo y parte del sueldo a ambos.