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La ONCE autoriza a Duran para invertir "en cualquier sector de la econonomía"

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) prevé terminar el ejercicio con una cifra de ventas "muy próxima" a los 300.000 millones de pesetas, según su director general, Miguel Durán. Esos ingresos representan el techo de recaudación pactado con el Gobierno para 1991, lo cual indica que ha influido poco la prohibición del abono-cupón. Para el quinquenio 1991-1995, los límites de ingresos por juego suponen 1,7 billones. Con esta base, el Consejo General de la ONCE ha aprobado unos nuevos estatutos que facultan a su dirección general para "acordar inversiones en cualquier sector de la economía".

De este modo se refuerza el grado de seguridad Jurídica de la ONCE en el manejo de empresas, valores y posibilidades de pedir dinero prestado. El acuerdo fue adoptado por el consejo general de la entidad, presidido por José María Arroyo, en su sesión del 3 de septiembre pasado. Está pendiente de ratificación por el consejo del protectorado, en el que se encuentran representados los ministerios de Asuntos Sociales, Economía, Trabajo e Interior.Un portavoz de la presidenta del protectorado, la ministra Matilde Fernández, indicó escuetamente a este periódico que los nuevos estatutos se encuentran "en estudio".Matilde Fernández ha justificado varias veces la política inversora de la ONCE como una ,alternativa real" a los ingresos del cupón. Los nuevos estatutos, sin embargo, no dan la impresión de estar hechos para dedicarse al riesgo inversor, en detrimento de los sorteos. Más bien se trata de consolidar, simultáneamente, un monopolio de recaudación y una libertad prácticamente absoluta para mover empresas, aunque sometida al control posterior de una auditoría. El flujo económico entre a ONCE y sus empresas no está regulado en el marco jurídico mencionado.La corporación de los invidentes, en particular, se atribuye plena capacidad para "la creación de sociedades mercantiles o cualquier otro tipo de entidades, así como la toma de participación en compañías o establecimientos ya constituidos", según reza el artículo 22 modificado. No se menciona límite alguno -por ejemplo, respecto al porcentaje de acciones controladas por la corporación- para tales participaciones.

También se amplían las facultades de Durán para la acción económica. "La dirección general de la ONCE podrá acordar inversiones en cualquier sector de la economía, ya sean de naturaleza mobilaria o inmobiliaria", afirma el artículo 58. En el marco normativo anterior, esa capacidad se centraba en las inversiones en valores públicos y en depósitos bancarios a corto plazo

.Monopolio para recaudar

El director general tendrá igualmente la capacidad de "formalizar las escrituras de constitución de asociaciones, sociedades mercantiles y entidades de cualquier tipo, así como cualesquiera otros actos y documentos en los que haya de intervenir directamente la ONCE como accionista, asociado, patrono o participante" (artículo 38).

En cuanto a decisiones de endeudamiento, queda eliminada la autorización previa del protectorado. Hasta ahora, la ONCE tenía libertad para endeudarse hasta 500 millones de pesetas por acto.

La legalización de la ONCE como un grupo empresarial moderno -sin limitaciones para ejercer los derechos normales de un propietario- no se acompaña de matización alguna a su dominio sobre un juego de azar. "La ONCE explota en exclusiva la concesión estatal de la venta del cupón pro ciegos", dice el artículo 51 de los estatutos, en línea con el decreto gubernamental de 15 de marzo pasado que otorgó de nuevo la venta del cupón a esta entidad.

La organización de los ciegos consolida así sus batallas del pasado en relación con el juego. Gracias al apoyo del Gobierno, instrumentado por el ex subsecretario de Interior José Luis Martín Palacín, destruyeron a Prodiecu, que había llegado a recaudar miles de millones con sus propios sorteos. La imaginación y el espíritu empresarial de Miguel Durán y de su equipo hicieron el resto. En 1987 ingresaron 190.000 millones de pesetas, y en 1990 ya habían subido a 260.000. En 1982 controlaban el 15% del mercado del juego en España, y en 1990 sobrepasaban el 29%. En 1995 alcanzarán el 33%, siempre que mantengan el interés del público por este tipo de sorteos.

La presidenta del Protectorado de la ONCE y ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, dio explicaciones al Parlamento sobre la capacidad recaudatoria del sistema pactado. Según sus afirmaciones textuales, se dibuja un escenario que, "partiendo de un máximo de 300.000 millones en 1991, pueda llegar a 390.645 millones de pesetas en l995".

En otras palabras: la presidenta del protectorado contemplaría posibilidaad de ingresar 1,7 billones de pesetas en un quinquenio, sólo por el cupón. Conserva íntegros los privilegios fiscales de que ya disfrutaba.

Ciertamente sus gastos son fuertes: la ONCE paga aproximadamente el 50% de lo ' que vende en premios, emplea el 8%-9% en servicios sociales y educativos, y abona las retribuciones de 22.000 vendedores y el funcionamiento de una maquinaria adminístrativa integrada por otras 5.000 personas. Aun teniendo en cuenta esos condicionamientos, no parece exagerado estimar excedentes de alguna importancia.Quejas

Lo cual no es óbice para que el director general de la entidad, Miguel Durán, continúe quejándose. "Somos la única estructura empresarial de los países comunitarios que opera con un techo de ingresos", afirmó en fechas recientes durante un contacto con este periódico.

Es realmente mucho dinero el que obtiene la organización de los ciegos; pero en medios sindicales de los invidentes, muy sensibilizados por la posible disminución del porcentaje que perciben los vendedores, persiste la inquietud. "SI quisiera aumentar sus premios para competir con otros juegos, la ONCE tendría que tocar la estructura retributiva de los vendedores", afirma un sindicalista de la organización de ciegos.

El Poder de autodisolverse

. Además de la capacidad de manejar inversiones, la transformación jurídica de la ONCE incluye una segunda novedad: el consejo general se atribuye a sí mismo la facultad de disolverse antes de su mandato normal, que es de cuatro años, así como de convocar elecciones anticipadas.La ONCE es una organización de base democrática, en la que los afiliados eligen el consejo general y éste designa al director general. En el límite, esos derechos son tan decisivos que un cambio de mayoría entre los afiliados-electores puede modificar el poder de un imperio económico tan importante como el que se construye. Lo mismo que un presidente del Gobierno convoca elecciones en el momento más favorable, o usa esta facultad para resolver una grave crisis, la cúpula de la ONCE ha previsto una posibilidad similar en su seno.Pero existe otra implicación. Consiste en que la disolución anticipada debe decidirla el consejo general -es decir, el Parlamento- y no el poder ejecutivo, que en este caso reside en el director general, de quien dependen tanto la estructura que opera en el mercado del juego como el grupo de empresas atado jurídicamente a la ONCE. La autodisolución del consejo general arrastraría el cese del director general, lo cual es un posible mecanismo compensatorio al gran poder depositado en manos del máximo ejecutivo. El ingenioso mecanismo ha sido introducido en el artículo 23 de los estatutos de la ONCE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de octubre de 1991

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