El consorcio modifica el plan de realojamiento ante la contestación ciudadana

El Consorcio de Realojamiento de Población Marginal ha dedidido revisar la política de asentamientos tras las últimas protestas vecinales, según anunció anoche José Luis Gómez, gerente del consorcio. La revisión afectará a los realojamientos que no estén en construcción. Gómez justificó la modiflicación del plan en que el cometido del consorcio es la "inserción social, no la imposíción social", en referencia a las protestas que mantienen los vecinos de Villaverde contra el asentamiento denominado El Molino, en el que se ha proyectado el realojamiento de 88 familias gitanas.

El gerente del consorcio admitió que la fuerte contestación ciudadana es, en parte, el detonante de lo que llamó el nuevo "plan de choque" ideado, y reconocíó que "hay muchos ciudadanos de Madrid que no están de ,acuerdo con lo de Villaverde".

La revisión del plan de asentamientos anunciada anoche no afectará, dijo, a aquellos cuya construcción está prevista antes de que finalice 1991: La Celsa, carretera de Villaverde-Vallecas y carretera de El Pardo.

No obstante, el consorcio ha decidido mantener el plazo de finales de 1992 para instalar a las 2.186 familias residentes en Madrid que viven en chabolas. De estas familias quedan todavía 1.360 por realojar.

Ese plazo, el de 1992, coincide con el exigido por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y por el grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, según explicaron ayer sus respectivos portavoces, Prisciliano Castro e Isabel Vilallonga.

La modificación del plan de viviendas de población marginal afecta, además, a los asentamientos cuya construcción estaba prevista y que han presentado problemas a la hora de adquirir los solares en que se iban a enclavar. Gómez dejó entrever asimismo que la modificación del plan traerá consigo un aumento del número de asentamientos.

El gerente del consorcio eludió adelantar más detalles del nuevo plan hasta que éste sea presentado, la semana próxima, a las asociaciones vecinales, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento.

Por otro lado , Gómez rechazó la posibilidad - "no se pueden hacer asentamientos fuera del término municipal de Madrid", dijo- de construir asentamientos en la zona norte de la ciudad, tal como han pedido los ciudadanos de los barrios periféricos del Sur. También se mantiene el propósito de no realojar a más población que la censada en 1986. Sobre las nuevas chabolas que van surgiendo, el consorcio propondrá a la Delegación del Gobierno y a la Policía Municipal la puesta en marcha de unas "patrullas" para evitar que se hagan nuevas chabolas.

El consorcio, que ayer designó su nuevo consejo de administración, ha propuesto al delegado del Gobierno, Segismundo Crespo, como presidente. La participación del delegado del Gobierno facilitará, según el gerente, la intervención del Inem y del Ministerio de Educación en los programas de reinserción y empleo que acompañan a la política del consorcio.

Vicálvaro

Por otra parte, los vecinos de Vicálvaro exigieron ayer al consorcio que apoye el desmantelamiento del poblado marginal de Los Focos, en el que habitan unas 365 familias de etnia gitana y uno de los principales puntos de venta de droga que existen en ese distrito. Gómez comunicó a los vecinos que la revisión del plan mantiene la reubicación de esas 365 familias. El consorcio de realojamientos marginales había previsto, antes de producirse la contestación vecinal de Villaverde, reubicar en el asentamiento de El Molino a 40 de esas familias.