Un apagón de cuatro años

"Fecsa morirá como nació: de una quiebra", sentenció un presidente eléctrico retirado. La historia le arrebata hoy el privilegio de la razón; pero, además, Fecsa ha enterrado para siempre su vocación de empresa privada. Entre el estallido de sus crisis en 1987 y la OPA de Endesa, el futuro de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (Fecsa) se ha sometido al frenesí negociador de sus accionistas institucionales, el resto del grupo eléctrico español. La empresa que gestó Juan March abraza ahora la solución pública. En la decisión final de su presidente, Luis Magaña, ha pesado la idea de que Fecsa no se convirtiera en moneda de cambio sobre el tablero del nuevo mapa eléctrico.

El norteamericano Fred S. Pearson compró en 1911 una pequeña central dotada de tres máquinas de vapor que alimentaban a finales del siglo pasado los tranvías de Barcelona. Nacía la legendaria Canadiense, que vivió la huelga general de 1919 y fue adquirida después de la guerra civil por la familia March con la ayuda de Juan Antonio Suances, fundador del Instituto Nacional de Industria (INI). Con la españolización de la Canadiense y su posterior conversión en Fecsa en diciembre de 1951 -tras la quiebra en 1948 de Barcelona Traction, propietaria de Ebro, matriz originaria de Fecsa-, se fue impulsando el crecimiento acelerado de la compañía que acabaría estrellándose en la crisis de 1987.La caída de Fecsa se hizo pública la mañana del 6 de febrero de 1987 con la suspensión de su cotización en las bolsas. Pocos días después, se producía el cese de su presidente Juan Alegre Marcet, quien más tarde fue sustituido en el cargo por Luis Magaña, un hombre de Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, el accionista institucional más poderoso del momento. La enorme deuda de la compañía, fruto de su apuesta nuclear, fue el origen del problema, cuya oficialización evitó la suspensión de pagos y ayudó en las negociaciones con la banca acreedora, alertada por las auditorías de Arthur Andersen.

Los primeros proyectos nucleares de Fecsa transpiraban infundado optimismo: una central cuesta 25.000 millones de pesetas; se construye en cinco años y supone unos intereses de 10.000 millones, pensaron los gestores al inicio de los años setenta. Fecsa empezó su aventura de Ascó en solitario y acabó cediendo grupos a Hidruña y Enher. Más tarde, un abismo acabó divorciando los cálculos iniciales de la realidad: Ascó I tardó 10 años en entrar en funcionamiento y costó 250.000 millones. Se consumaba así un desequilibrio presupuestario similar al del resto del sector, pero agravado en el caso de Fecsa por su enorme compromiso nuclear,. En el estallido de su crisís, los kilovatios nucleares de Fecsa suponían el 56% del total de su producción, mientras que para el resto de las eléctricas la relación se ha mantenido alrededor del 30%.

La solución de Fecsa ha descartado el importante papel que Hidrola iba a jugar inicialmente a través de su filial catalana, Hidruña, una empresa que su presidente, Íñigo de Oriol, tenía destinada a encajar como pieza clave en la configuración definitiva del mercado catalán. La evolución del proceso se explica también en el fracaso del argumento vasco protagonizado en primera instancia por Iberduero, importante accionista de Fecsa a partir de 1987. Su presidente, Manuel Gómez de Pablos, propuso que Fecsa escindiera sus activos eléctricos para cederlos al sector y se convirtiera en una empresa minera con las explotaciones de Cardona (Barcelona) y Teruel. Más recientemente, el mismo argumento, ya en manos de Iberdrola, se presentó como parte de "negociación con el Ministerio de Industria, que exigía utilizar a Fecsa como pieza intercambiable en la configuración definitiva del mapa eléctrico", señala Luis Magaña.

La supervivencia de Fecsa ha pivotado sobre dos bases: la negociación de su deuda, superior a 500.000 millones de pesetas, en jugada en parte con capitalizaciones aportadas por la banca y mediante ampliaciones que sitúan su capital en 200.000 millones; y la venta de la compañía, concretada finalmente en la OPA.

Durante los últimos meses, la creación de Iberdrola - producto de la fusión Hidrola-Iberduero- y los intentos de Endesa para unir intereses a fin de compensar los desequilibrios de produccion y mercado han definido el contorno para la solución de Fecsa.

La culminación de la oferta del grupo público coloca a Fecsa en el paraguas del INI, refuerza el criterio de quienes quieren un grupo eléctriw público muy potente y, en parte, devuelve los permanentes litigios de titularidad en las compañías eléctricas allí donde lo dejaron algunos hombres del pasado como Gregorio López Bravo y José María López de Letona, titulares de Industria en sucesivos gabinetes del general Franco. Los Lópeces estimularon en su momento la alternativa nuclear, y el choque del petróleo en 1973 les daría la razón. Pero, pocos años más tarde, la apuesta nuclear se había convertido en dramática realidad: Fecsa -como otras compañías en similares circunstancias- soportaba una enorme deuda y sus gestores evitaban milagrosamente que una entidad acreedora instara la quiebra.

En aquel momento, casi en el ecuador de la segunda legislatura socialista, la dramática burbuja eléctrica comprometía a todo el sector con una deuda superior a dos billones de pesetas. La drástica política de reducción de dividendos, el intercambio de activos y la nacionalización de la red de alta tensión conformaban el escenario sobre el que se decidían las primeras transformaciones del oligopolio eléctrico.

Perfil popular

La crisis provocó reacciones en medios del nacionalismo catalán y la convicción de que el reconocimiento del enorme déficit patrimonial de Fecsa había sido promovido en parte desde el Ministerio de Industria, en respuesta a intereses solicitados desde Unesa, la agrupación empresarial eléctrica."La realidad es que el empeño de algunos presidentes consistía en desbancar a Alegre Marcet de la presidencia de Unesa, pero el alto precio de su cabeza exigió finalmente el sacr icio dé la compañía", seña lan fuentes empresariales. El perfil popular de Fecsa -la sociedad tenía en 1987 200.000 obligacionistas- y su liderazgo como la primera empresa industrial catalana habían reforzado la figura pública de Juan Alegre, le llevaron a la junta directiva del FC Barcelona y le obligaron a participar en el primer intento de reflotación de Banca Catalana en 1982.