El fiscal pide 33 años para los dos cabecillas de la corrupción de menores

El fiscal solicita 33 años de cárcel para cada uno de los dos principales implicados en la banda de corrupción infantil desarticulada en Madrid el pasado mes de octubre. La fiscalía acusa a Carlos Alberto Romao y a Jasías Gómez de Araujo, ambos de nacionalidad brasileña, de reclutar a menores y someterlos "a todo tipo de prácticas sexuales y sadomasoquistas" con hombres y mujeres mayores. Paralelamente, la juez que instruye el sumario ha ordenado a la policía que investigue a 15 de los clientes de estos niños.

El Informe del fiscal revela que los integrantes de esa banda captaban a menores de ambos sexos mediante anuncios en periódicos de difusión nacional, aunque también, en ocasiones, el propio Carlos Alberto Romáo se desplazó a Portugal y se trajo a Madrid a menores de esa nacionalidad, a los que alojaba en su piso e iniciaba personalmente en prácticas homosexuales.Romáo y Gómez de Araujo -encarcelados desde el 4 de octubre- entregaban a los menores por el alquiler de sus cuerpos el 50% del dinero, a veces hasta el 60%, que pagaban los clientes por el servicio. Algunos de ellos llegaron a abonar hasta 125.000 pesetas.

Vídeos y látigos

Asimismo, el fiscal reclama otros ocho años de cárcel para los cinco restantes presuntos integrantes de la banda, desarticulada merced a una amplia redada que decretó en octubre pasado la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Clara Penín Alegre, en la que fueron decomisados vídeos porno y látigos. Se trata de Patrocinio Díaz Gómez, Santiago Rayán Fernández, José Ramón Vega Miravet, María Josefa Lombardía Pardo y María del Carmen Jaramillo.

A Díaz Gómez y a Rayán Fernández, el fiscal les acusa de prostituir a las menores Elvira M. S y a Susana A. P., que se habían escapado de los domicilios de sus padres, en Palencia. El acusador sostiene que Díaz Gómez y Rayán Fernández contrataron a ambas jóvenes para someterlas a los deseos sexuales de la clientela. Ambas menores mantuvieron relaciones con clientes en un local de la calle del General Perón. El acusador matiza, no obstante, que ambos acusados al conocer la minoría de edad de ambas chicas, las expulsaron del local, aunque días después una de ellas, Elvira, regresó allí y mantuvo "relaciones sexuales de forma indistinta" con Rayán Fernández, con Díaz Gómez y con clientes.

El fiscal considera que los dos principales cabecillas, Romáo y Gómez Araujo, son culpables de siete delitos de corrupción y de otro de prostitución infantil. Todos los procesados estaban interconectados; unos se dedicaban a reclutar a los menores y otros a concerta los contactos sexuales.

El fiscal acusa a María Josefa Lombardía de alquilar un piso en el número 33 de la calle de Ayala e instalar en él una sauna en la que tuvieron lugar algunos contactos entre menores y clientes. No obstante, la banda ofrecía al cliente la posibilidad de elegir el lugar.

Igualmente, y entre otros delitos, el fiscal acusa a María del Carmen Jaramillo de mantener relaciones sexuales con uno de los menores, en concreto con Juan H. S. Precisamente una denuncia de este menor propició la redada y la consiguiente desarticulación de la banda. En los registros efectuados durante la redada la policía halló varias agendas en las que figuran el nombre y teléfono de algunos de los clientes de los niños. A pesar de que los menores se han negado a identificarles, la juez Penín ha ordenado a la policía que investigue a 15 de ellos.