Los bancos cancelaron en 1990, sin denunciarlas, 224 operaciones y cuentas de presuntos 'narcos'

La Memoria de la Fiscalía Especial Antidroga de 1990 revela que en ese año los bancos rechazaron 197 operaciones significativas por falta de identificación de los titulares o ser sospechosas de relación con el narcotráfico, y cancelaron 27 cuentas y relaciones con clientes presuntamente vinculados a esta actividad delictiva. En ninguno de estos casos, los bancos denunciaron a la fiscalía tales sospechas. José Aparicio, jefe de esta fiscalía, suele explicitar que los bancos españoles cooperan en las investigaciones contra el blanqueo de dinero, pero nunca toman la iniciativa de comunicar hechos sospechosos, pasividad que estas entidades justifican en la ausencia de garantías legales ante una denuncia infundada.

La fiscalía especial antidroga, según su memoria de 1990, abrió durante el año pasado 15 investigaciones sobre supuestos de blanqueo de dinero, amén de las arrastradas de años anteriores. Las pesquisas afectaron a 56 ciudadanos, tres sociedades y 75 cuentas bancarias. Por su parte, los bancos, en virtud de sus normas internas preventivas del blanqueo, "han rechazado en 140 ocasiones operaciones significativas por falta de identificación plena de los titulares, en otros 57 casos han rechazado operaciones por ser sospechosas de relación con actividades de narcotráfico, y en 27 supuestos han procedido a la cancelación de cuentas y de relaciones con clientes sospechosos de actividades vinculadas con ese fenómeno criminal".Fuera de la relación numérica, los bancos no aportaron a la fiscalía antidroga ningún dato sobre tales sospechosas operaciones y cuentas canceladas, lo que privó a este organismo de tan inestimable vía de investigación. Los bancos suelen aducir que la legislación no les da garantías si la denuncia resulta infundada, aunque oficiosamente la fiscalía les ha ofrecido toda suerte de cautelas. Aparicio, que suele explicitar esta falta de iniciativa de los bancos, urge en la memoria a que España incorpore a su legislación los textos internacionales suscritos -Convenio de Viena de 1988 y directiva de la Comunidad Europea de junio pasado-, que solucionan este problema al dar garantías a los denunciantes, proscribir el secreto bancario y sancionar las pasividades o complicidades en este terreno.

Aparicio ensalza la adopción por los bancos de tales normas internas, "que podrían haber sido más amplias", pero admite que "son adicionales e independientes de cualquier otra disposición legal", por lo que urge a actualizar las leyes. El fiscal antidroga llama "la atención de las autoridades sobre la necesidad de extender estas normas no sólo a las entidades de crédito, sino a los demás agentes económicos susceptibles de ser manipulados en acciones de blanqueo (intermediarios del mercado de valores, compañías de seguros, agencias de viajes, casinos, oficinas de cambio, inmobiliarias, emisores de tarjeta de crédito, etcétera)". Aparicio denuncia "los medios claramente insuficientes" de esta fiscalía para investigar este complejo fenómeno.

Puerta compartida

Según la memoria, si en la lucha contra el narcotráfico a gran escala se han alcanzado notables éxitos, hasta el punto de que "internacionalmente se ha reconocido que España ha dejado de ser la única puerta de la entrada de la cocaína en Europa", por el contrario, "no se ha avanzado lo mismo en el pequeño tráfico, que es el que más directamente percibe -y sufre- el ciudadano, como sucede, hasta ahora, con el irresuelto problema del consumo". Como una solución, se defiende que el consumo en público de drogas "debe ser sancionado administrativamente con medidas enérgicas, realistas, eficaces y disuasorias".El fiscal antidroga propone la regulación de la figurá del narcotraficante arrepentido, que estima esencial para "evitar las altas cotas de ¡mpunidad" de los capos de estas organizaciones. Aparicio solicita la "modificación, por insuficiente" del artículo del Código Penal que regula la suspensión condicional de la condena a toxicómanos. El fiscal antidroga reclama la potestad de poder decomisar provisionalmente los activos procedentes del blanqueo y la creación de un órgano específico de apoyo para la investigación patrimonial.

También solicita que se regule la figura de la "entrega vigilada" de droga, para deslindarla del delito provocado y que la fiscalía antidroga intervenga cuando a España se le solicite la extradición de un narcotraficante.