Bastante, más que financiación

La reciente propuesta de las 400.000 viviendas tiene sin duda un aspecto positivo, que es el del reconocimiento por parte del PSOE de la situación a que ha llevado su política en este sector y que, por tanto, ya no podrá esquivar el problema. Lo negativo es la forma que ha tenido de afrontarlo, ya que su solución no es cuestión de voluntarismo y precipitación, sino de encarar con seriedad todos los aspectos que repercuten en la formación del precio de las viviendas y en el acceso a ellas.En el día de hoy la vivienda no es un problema básico en los países europeos más avanzados, pero ello sólo ha sido posible después de que se hubieran abordado modificaciones importantes en el sector de la construcción, después de haber evitado con medidas fiscales la existencia de viviendas vacías, después de haber apoyado la creación de sociedades que auxilian el acceso por alquiler o compra a la vivienda, etcétera. Probablemente en el Reino Unido, Alemania o Francia, donde se viene perfeccionando la política de acceso en propiedad o alquiler desde hace más de 70 años, causarían estupor estas fórmulas mágicas que, como bálsamo de Fierabrás, solucionan un problema tan estructural en la economía y la sociedad española.

Desde hace mucho tiempo, desde Izquierda Unida venimos proponiendo debates y soluciones a esta cuestión; como una moción en el Congreso de los Diputados en el mes de febrero.

De ella se deduce que la única forma de solventar esta cuestión es hacer hincapié conjuntamente en todos los factores que inciden en el problema.

La ayuda a la Financiación es un aspecto de la cuestión, y no precisamente el más importante.

En nuestra opinión hay dos elementos previos en la raíz del problema:

- Bajar el precio y aumentar la calidad constructiva y ambiental de las viviendas.

-Diversificar las formas de acceso a la vivienda.

La primera, porque el precio antes de financiación es alto y sólo puede bajarse con suelo público y modernizando nuestra industria de la construcción. Para estos objetivos, la vigente Ley del Suelo ofrece fórmulas excesivamente burocratizadas de obtención de suelo público, y llevamos lustros esperando una ley de edificación.

Simplificar los mecanismos de obtención de suelo público permitiría la creación de una economía mixta de suelo y unas posibilidades reales de racionalizar ese mercado; la ley de edificación debe suponer la ordenación de un sector que hasta ahora no ha sufrido las transformaciones necesarias para afrontar las exigencias de calidad que exigen los usuarios.

Entidades modernas

Por otra parte, los. españoles accedemos muy poco a vivienda en alquiler porque nunca se ha favorecido la existencia de entidades modernas que ofrezcan viviendas en alquiler de forma masiva. El alquiler en España es una relación decimonónica entre propietario e inquilino. El decreto Boyer acabó con el proteccionismo, pero lo hizo de forma salvaje y no entró en el fondo del problema, que es conseguir ofertas masivas de vivienda en alquiler.

Luego vienen las ayudas a la financiación, sin duda, pero los resultados de estas ayudas serán mucho más eficaces en un mercado más racionalizado y diversificado en sus fórmulas de acceso.

En definitiva, la solución al acceso de la vivienda de los españoles requiere cambiar la orientación de todos los departamentos ministeriales que tienen incidencia sobre este asunto: Economía y Hacienda, Justicia, Obras Públicas, así como una colaboración distinta con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para la solución del problema no es bueno la simplificación del mismo- eso podrá llevar quizá a un buen resultado electoral, pero las soluciones mágicas al enfrentarse con la complejidad de los hechos fracasan y, lo que es peor, destruyen la posibilidad de hacer cambios más estructurales que supongan una auténtica mejora de la situación.

Un buen ejemplo que debería hacernos reflexionar es el propio decreto Boyer, cuya precipitación desembocó en unos resultados absolutamente contrarios a los que decía perseguir y, además, ha paralizado durante siete años la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La compulsión electoral en el planteamiento de las ayudas financieras a las 400.000 viviendas promete todo menos eficacia en resolver el problema, y 10 años de inoperancia no pueden ser borrados con un antídoto de dudoso resultado.