España bloquea el acuerdo sobre fronteras exteriores de la CE a causa de Gibraltar

España bloqueó ayer en Luxemburgo el Convenio sobre Fronteras Exteriores de la Comunidad Europea (CE) a causa del Peñón de Gibraltar. El representante del Gobierno en la reunión de ministros de Interior de los Doce, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, exigió incluir la suspensión de la aplicación del Convenio al territorio del Peñón hasta que un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y España resuelva los problemas de control de fronteras. Los británicos consideraron inaceptable dejar excluidos temporalmente a los gibraltareños del derecho a la libre circulación dentro de la Comunidad.

Después de reuniones bilaterales infructuosas, la discusión del convenio quedó aplazada hasta el próximo lunes para dar tiempo a contactos bilaterales entre los dos gobiernos. "El problema colonial siempre estará presente", afirmó Vera. España no acepta la supresión de fronteras internas de la CE sin la inclusión de una claúsula que garantice que las singularidades de la aplicación del convenio en el caso de Gibraltar tendrán que ser resultas por un acuerdo bilateral".Un portavoz británico calificó de sorprendente la demanda española, "presentada a última hora". Vera afirmó que el ministro español José Luis Corcuera, ayer ausente, había advertido en la reunión del 14 de junio de la existencia de una reserva española.

España fundamenta su postura en que el control de "todas las fronteras con Gibraltar" -y no sólo la inexistencia de una terminal nacional en el aeropuerto gibraltareño- "plantea problemas políticos y prácticos".

Vera explicó que además del contencioso sobre la soberanía del Peñón, salvaguardado en parte en una declaración aneja al convenio, están los problemas prácticos del régimen fiscal diferente que rige en Gibraltar y de la excepción concedida a este pequeño territorio para no aplicar el derecho de libre residencia de los ciudadanos de la CE. Para Vera, la existencia de una terminal aérea española, tal como establece el acuerdo hispano-británico, "podría sólo solucionar en parte el problema, al menos el control policial". Al margen están el tema de la verja y del puerto "en determinados aspectos".

Grupo de Schengen

El bloqueo español a este Convenio de la CE para permitir en el futuro la libre circulación de personas dentro de la CE se produjo sólo un día después de la firma del ingreso en el Grupo de Schengen. Este acuerdo garantiza a partir del 1 de enero de 1993 la supresión total de las fronteras interiores entre Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, España y Portugal. El Acta Única obliga a hacer lo mismo a todos los países de la CE, pero problemas de seguridad y técnicos han impulsado a los ministros de Interior a retrasar la libre circulación de personas para los Doce hasta 1995.

El Reino Unido aceptó este acuerdo con una declaración adjunta que no prejuzga la posibilidad de continuar considerando los puertos y aeropuertos como fronteras exteriores y de controlar a los ciudadanos comunitarios que entren en su territorio. La delimitación de las fronteras externas es el punto clave para establecer la libre circulación de personas dentro de la CE. Los británicos tienen dificultades para aceptar una política común de visados, de derecho de asilo y de inmigración porque temen que puedan entrar visitantes no deseados por culpa del acuerdo.

En el caso de Gibraltar aceptó incluir una declaración en la que se hiciera constar que la entrada en vigor del convenio no afectaba a que España y el Reino Unido pudieran seguir negociando. Pero como responsable de la política exterior del Peñón, "el Gobierno británico no puede dejar fuera del acuerdo a los gibraltareños". Vera planteó insertar en el artículo 30 del convenio un párrafo que garantizara un acuerdo bilateral previo antes de aplicar las disposiciones a Gibraltar. España tiene a su favor un precedente en la directiva de la CE sobre aeropuertos. Esta no se aplicará a Gibraltar hasta que no funcione la terminal de doble uso (británico y español), prevista en el acuerdo entre el Reino Unido y España, pero vetada por el Gobierno gibraltareño.