Jueces para la Democracia pide que se retire la ley de Seguridad

La asociación judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia -que celebra su 6º congreso en Logroño- acordó ayer pedir al Gobierno la retirada del proyecto de ley orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, por su "desmesurada ampliación de la capacidad de intervención policial autónoma", contraria a la Constitución. Jueces para la Democracia pide también al Ejecutivo que "abandone la vía de la legalidad excepcional para el tratamiento de cuestiones que tiene directamente que ver con los derechos fundamentales de la persona".La declaración aprobada ayer parte de que la diferencia entre el anteproyecto inicial de Interior -informado negativamente por el Consejo General del Poder Judicial- y el proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes es sólo "cuestión de cosmética orientada a hacer pasar con más facilidad la desmesurada ampliación de la capacidad de intervención policial autónoma". Añade que la filosofía de fondo sigue siendo contraria a la Constitución, ya que "convierte abusivamente" a la seguridad ciudadana como un fin en sí misma, lo cual la transforma en un "factor de inseguridad".

En cuanto a la entrada policial en un domicilio cuando se conozca que en él se está cometiendo un delito de narcotráfico, Jueces para la Democracia se opone a que tal situación se describa como delito flagrante, ya que para que lo sea es necesaria "la percepción sensorial directa" (por ejemplo, alguien que grita o que pide ayuda desde dentro de la casa o un hombre armado con un cuchillo visible a través de una ventana). Otro motivo de preocupación es el carácter ejecutivo de las sanciones.

Las multas de hasta cinco millones de pesetas por consumo de droga son evaluadas por este colectivo judicial como "un escalón más en la línea de ciega irracionalldad represiva que caracteriza el modo de afrontar tan grave fenómeno". Jueces para la Democracia considera objetivo del proyecto de ley "acorazar un espacio estrictamente policial al margen del control judicial".

Otro documento aprobado ayer por el Congreso reprocha a Interior la utilización del régimen disciplinario para apartar al policía Miguel Javato Márquez y expedientar al jefe de la unidad de policía judicial de Sevilla que investigó el caso Juan Guerra con "dependencia funcional" de los jueces.