El fiscal del Estado no fue informado de los antecedentes del 'macroproceso' por aborto

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres Boursault, ha recabado del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, todos los antecedentes y el escrito de calificación en el que se solicitan 800 años de cárcel para 34 personas implicadas en el mayor proceso por aborto en España, entre las que figura el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría. Torres, que no fue informado previamente de la petición de penas formulada por la fiscalía de Málaga pese a la trascendencia del asunto, aseguró ayer que, de momento, no podía hacer nada más.

El Fiscal del Estado no fue puesto en antecedentes de la calificación del proceso por la fiscalía de Málaga, pese a que el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal señala que sus miembros "pondrán en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su dimisión que por su importancia o trascendencia deba conocer".Leopoldo Torres eludió aventurar ante los medios informativos cualquier opinión que pudiese levantar nuevas susceptibilidades en la fiscalía de Málaga, con la que rnantuvo un fuerte encontronazo hace unas semanas precisamente sobre el informe de indulto del ginecólogo Sáenz de Santamaría.

En aquélla ocasión, los Fiscales plantearon su discrepancia con las instrucciones de Torres para que se emitiese un informe favorable al indulto. El fiscal general, respaldado por la Junta de Fiscales de sala, rechazó la discrepancia y obligó a la fiscalía a informar a favor del indulto.

Torres se mostró particularmente evasivo y respondió con generalidades a las preguntas sobre eventuales acciones a adoptar una vez tenga en su poder los antecedentes del caso y el escrito de conclusiones provisionales, todo lo cual espera recibir hoy.

Unidad de actuación

Así, dijo que el examen de los hechos habrá que hacerlo "caso por caso". Sobre la posibilidad de dar una contraorden a la fiscalía señaló: "Estudiaremos los antecedentes, y el fiscal general, con la consulta y asesoramiento de la Junta de fiscales, puede adoptar cualquier decisión sobre el amplio abanico que ofrece el Estatuto [del Ministerio Fiscal], que se rige por el principio de unidad de actuación dentro de una estructura jerarquizada".No obstante, el fiscal del Estado ha actuado con un criterio bien definido en anteriores macroprocesos por aborto. En el caso de la clínica Ginemédica, paralizó la acusación contra 97 mujeres formulada por el fiscal de Valladolid. Las discrepancias con esta fiscalía motivaron que la junta de fiscales respaldase su actuación al considerar que las mujeres acusadas abortaron dentro de los tres supuestos previstos por la ley.

Por su parte, fuentes judiciales de Málaga consultadas ayer por EL PAÍS dudaron de que llegue a celebrarse el juicio contra Germán Sáenz de Santamaría y otras 33 personas acusadas de 22 delitos de aborto ilegal para quienes el fiscal del juzgado de instrucción número 10 de Málaga solicita en sus conclusiones previas 800 años de prisión, informa Diego Narváez.

Las mismas fuentes indicaron que, en caso de que se produzca el procesamiento, la vista oral no podría llevarse a cabo hasta el próximo año, debido a la complejidad que supone localizar a los 34 inculpados y a los testigos. Los hechos de este sumario, que supondrían el mayor procesamiento por delito de aborto en España, se produjeron en noviembre de 1986, por lo que podrían darse casos de cambios de domicilio que entorpecerían los trámites.

Auto del Constitucional

En opinión de Sáenz de Santamaría, este caso se ha convertido en un "arma política" de los fiscales de Málaga tras las recientes actuaciones del Consejo de Ministros, que indultó al ginecólogo, y de la Audiencia Nacional, que lo excarceló cuando permanecía en prisión por un presunto delito contra los altos organismos del Estado, a pesar de que en ambos casos hubo un pronunciamiento contrario de la fiscalía. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha dictado un auto por el que se mantiene la multa de 100.000 pesetas al ginecólogo, impuesta por la Audiencia de Málaga. El alto tribunal ha rechazado el recurso de amparo de Sáenz de Santamaría. El fiscal se opuso a esta pretensión por considerar que el médico fue indultado por el Gobierno de las penas de cárcel e inhabilitación, manteniendo sólo lo referente a la multa, informa Europa Press.Por su parte, la Comisión Pro Derecho al Aborto calificó de "auténtico escándalo" el macroproceso. Esta comisión reiteró su exigencia de que "no se realicen más juicios por aborto, se sobresean de inmediato todas las causas pendientes y se aborde sin dilaciones un cambio que contemple el derecho al aborto libre y gratuito".