Mover una rayita vale millones

Una trama desaparece en un plano y un funcionario y sus socios ganan 200 millones de pesetas en la compraventa de un inmueble. Un promotor dona 100 millones a un ,Ayuntamiento por ampliar el suelo urbano. La empresa de un concejal de Urbanismo construye en zona verde y otro edil elimina una calle y amplia un hotel de su propiedad. Son ejemplos recogidos en lugares concretos- de las ilegalidades que se producen en España, que habitualmente no se castigan y que constituyen sólo la punta del iceberg de las irregularidades que rodean la planificación urbanística. Políticos y cargos públicos que son, a la vez, constructores o promotores figuran como moneda común en los ayuntamientos españoles, especialmente en los de zonas turísticas costeras, donde mover una rayita en un plano puede reportar millones de beneficio.

La localidad costera de Calpe, en la comarca alicantina de La Marina, tenía hasta hace poco el famoso peñón de Ifach como principal signo externo. Pero la especulación y la construcción generadas por la demanda turística en este pueblo de poco más de 10.000 habitantes han acabado con la exclusiva de esa enorme piedra que, desde el borde del mar, arroja su sombra sobre Calpe. Miles de construcciones emprendidas en la localidad al amparo del estallido del turismo han generado una sombra mucho mayor, que rebasa la primera acepción de la palabra en el diccionario: es también la sombra de la duda, alimentada por varios escándalos relacionados con el urbanismo y la construcción en Calpe.Muchos de los escándalos que han salido a la luz en España se relacionan con el planeamiento urbanístico. Las recalificaciones y los cambios de uso de suelos están muchas veces en el origen de grandes negocios que a menudo rozan la ilegalidad. La presión de los agentes que intervienen resulta determinante. Pero esta presión, que es lícita -siempre que no suponga una transgresión de la ley- cuando la ejercen los promotores, los constructores y los propietarios, afecta a los políticos.

El caso Naseiro, el caso Calpe, el caso de la construcción (en Burgos), entre muchos otros, son buenos ejemplos de ello. Los políticos y los funcionarios también tienen intereses, propios o del partido. Y a veces actúan para defenderlos. No es casualidad que al menos 10 de los concejales elegidos en Calpe (Alicante) en 1987 tengan intereses relacionados con el planeamiento urbanístico o estén vinculados familiar cí laboralmente a otros concejales que los poseen. Y además sin que la militancia en partidos distintos constituya obstáculo alguno para ello.Ayuntamientos soberanosPara Gerardo Roger, urbanista que "accidentalmente" está al frente de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat valenciana, "seguramente en el urbanismo existen irregularidades como en cualquier otro campo en el que las inversiones desempeñan un papel importante". Este técnico insiste en que la responsabilidad radica en los ayuntamientos. "Las comunidades autónomas sólo tienen competencias de forma subsidiaria; los que actúan son los ayuntamientos, que son soberanos", señala. "No podemos tener una política de policía urbanística; lo más que podemos hacer es poner las cosas en conocimiento de los tribunales ordinarios".

A los tribunales llegó el caso Calpe. Durante la redacción del plan general cambió la calificación de la zona de las Salinas, 740.000 metros cuadrados ocupados en su tercera parte por las salinas propiamente dichas, que de área protegida pasaban a zona verde. Así, la volumetría que correspondía a la zona de salinas se aplicaba a los terrenos edificables de sus alrededores, incluidos en el mismo plan parcial, en los que resultaba una edificabilidad de hasta 6,8 metros cuadrados por cada metro de suelo, lo que habría convertido la zona en un enjambre de rascacielos.

En noviembre de 1989, el empresario Javier García denunció ante la Dirección General de Urbanismo que dos funcionarios de ese departamento le habían pedido 300 millones de pesetas a cambio de la recalificación de las Salinas. El asunto fue puesto en manos de la justicia y terminó el pasado marzo con condenas por cohecho a los cuatro implicados. Pero los 300 millones eran el chocolate del loro frente al enorme beneficio económico que habría generado la operación. El caso Calpe constituye un claro ejemplo de la presión que ejercen los diversos agentes que intervienen en el planeamiento urbanístico.

Una presión que se ve favorecida por la lentitud de los procedimientos de planeamiento establecidos por la Ley del Suelo. Para Gerardo Roger, esa lentitud choca con la agilidad de los procesos económicos. Ello, unido a la escasa capacidad de gestión de muchos ayuntamientos, pequeños pero sometidos a fuertes procesos de: especulación, "explica que en muchos casos las actuaciones urbanísticas vayan por delante del planeamiento".Ley del suelo

Para el arquitecto Justo Ramírez, especializado en sociología urbanística, "el planeamiento se lo creen muy pocos ayuntamientos", que incluso conceden licencias para proyectos viiados en rojo (rechazados) por los colegios de arquitectos por ser contrarios a esas normas. Este urbanista explica su visión del problema de una manera muy gráfica: "No hay paredes en las que apoyarse; estásen medio de la mierda y no tienes escapatoria, tienes que aguantar".

Para Ramírez, mientras no se aplique a fondo la reforma de la Ley del Suelo, aprobada el pasado año, no se acabará el problema de la lotería por la que propietarios de terrenos idénticos pueden ganar o perder en función de la rayita. La nueva normativa pretende eliminar esa lotería para compensar al que resulte perjudicado con las recalificaciones urbanísticas y reducir el margen del beneficiado. Pero este arquitecto denuncia el frecuente recurso a los estudios de detalle (revisiones posteriores más concretas) para soslayar las limitaciones que establecen los planes urbanísticos. Un recurso que, en definitiva, favorece la defensa de intereses particulares y perpetúa la lotería.