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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

¡Que se querelle!

Si alguna vez tiene usted la mala fortuna de ser insultado, agredido, injuriado y toda la retahíla que le pueda caer por parte de cualquiera que, un día de atasco circulatorio, le coja con los cables cambiados, o por su rival político, social, económico, o por un medio de difusión o comunicación, etcétera; sí usted quiere una satisfacción por medio de los tribunales, le queda lo peor: denunciar el hecho, pagar abogados y procuradores, enfrentarse a un juicio largo, demostrar lo que afirma, y que no le pase nada en los próximos dos años que, como mínimo, tardará en resolverse el asunto.Pero si el supuestamente ofendido -ofendida en este caso- es una juez -o un juez, que también los hay- del juzgado de guardia de su pueblo, villa o ciudad, ¡que Dios te coja confesado!, porque ni la presunción de inocencia, ni fianza, ni periodo de prueba, ni mire usted quel yo no quería (al fin y al cabo, es un desacato, no un atraco). iNada! Directa e incondicionalmenlie a la prisión provincial.

Esto es lo ocurrido en el caso del doctor Sáenz de Santamaría; esto ocurrió con, aquel pobre novio extremeño que pelaba la pava con su costilla y que, ante la humillación sufrida, no pudo soportarlo con dignidad y se suicidó. Esto es, por desgracia, un cáncer instalado en nuestra justicia, en nuestra democracia.

En una sociedad fuertemente judicializada, en parte por culpa de los propios políticos, cuando no son capaces de dirimir sus diferencias fuera de los tribunales, está clara una cosa: los derechos de los ciudadanos están escritos con minúscula, mientras los de la judicatura lo están con mayúscula.

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Esa potestad que tiene un juez de poner de patitas en la cárcel a alguien, cuando él es juez y parte, no cabe en una sociedad democrática en la que la libertad de expresión y la presunción de inocencia son Derechos (con mayúscula) constitucionales.

La juez que encarceló al ginecólogo malagueño no debería gozar de potestad e impunidad para hacer lo que ha hecho. Si quiere una satisfacción ante la supuesta ofensa o, alarma social, ¡que se querelle! Como todo el mundo.-

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