Alarma social

LA TITULAR del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga ha decretado la prisión incondicional para el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría por considerar que sus declaraciones públicas criticando virulentamente el funcionamiento de la Justicia en España pueden constituir delito de desacato a la autoridad y "provocar la alarma social". Sáenz de Santamaría, que había abandonado hacía 24 horas la cárcel gracias a un indulto del Gobierno, ha vuelto así a prisión. Una duda planea sobre esta lamentable historia: ¿qué causa más alarma en la sociedad española: las declaraciones del ginecólogo o la decisión de la juez de Málaga?Sáenz de Santamaría no tiene seguramente razón cuando considera que los jueces son los únicos responsables de la pena que le fue impuesta por practicar un aborto a una niña de 14 años violentada por un familiar. La letra de la ley permitió su condena y es responsabilidad del Gobierno modificar, con la mayor urgencia posible, un texto legal tan ambiguo.

Responsabilidad asumida en parte por ese mismo Gobierno al aprobar inmediatamente su indulto, en contra de la opinión expresa de los jueces y fiscales iniplicados. Pero una cosa es que el ginecólogo reaccione con irritación ante su peripecia personal y otra que la justicia reaccione como un individuo particular.

El delito de desacato se ha convertido en una espada que pende sobre el cuello de los ciudadanos a la hora de criticar libremente los poderes del Estado. El ejercicio democrático ha hecho que el Ejecutivo y el legislativo pierdan la concepción solemne de sus funciones y se abran a la polémica. El judicial, sin embargo, sufre indeciblemente cada vez que tiene que recorrer ese mismo camino.

Sin duda se han dado algunos pasos: hace tres años, el Tribunal Supremo absolvió al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, condenado por la Audiencia de Sevilla por haberse atrevido a decir que "la justicia es un canchondeo". El Supremo admitió que la célebre frase, cabía dentro del derecho a la libertad de expresión. Parecía que, por fin, se había puesto coto a una figura delictiva tan anacrónica y discutible, cuando de nuevo vuelve a rondar y, una vez más, son los jueces los que deciden algo tan impreciso como si se les ha faltado el respeto a ellos mismos.

La alarma se renueva, pero no porque un ginecólogo critique con más o menos acritud a quienes le condenaron, sino porque una juez decrete por este motivo su prisión inmediata e incondicional, equiparando a una persona que acaba de ser indultada por el Consejo de Ministros con los delincuentes de mayor peligrosidad social del país.

Los ciudadanos que estábamos perdiendo poco a poco la costumbre de quedamos perplejos ante ciertas decisiones judiciales volvemos, desafortunadamente, a preguntamos si algunos jueces son conscientes del sobresalto que provocan en la sociedad española con decisiones destinadas precisamente a evitar que la justicia provoque inquietud. Por estos motivos, Sáenz de Santamaría debe volver a la libertad.