Los abogados de IU y PA piden al juez que incluya a Alfonso Guerra en el auto

Los abogados de Izquierda Unida (1U) y el Partido Andalucista (PA), Manuel Fernández del Pozo y Emilio Lechuga, respectivamente, presentaron en las últimas horas sus recursos de reforma ante la decisión del juez Ángel Márquez de no incluir como responsable de un delito de malversación a Alfonso Guerra, en su auto de inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los dos recursos se basan en que, de las actuaciones, se acredita la titularidad y resposabilidad del ex vicepresidente del Gobierno en los hechos que el juez considera probados.

El juez Ángel Márquez afirmaba en su auto que "de lo actuado resulta la comisión de hechos que pudieran calificarse como delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos" y se inhibia en favor del TSJA considerando que en ellos "pudieran haber intervenido o participado" Leocadio Marín y Tomás Azorin, personas sobre las que recae un fuero especial.Márquez estima que las declaraciones de dos funcionarios de la sede gubernamental donde se cometieron los hechos, "parecen desmentir las primeras afirmaciones sobre titularidad del despache [de Alfonso Guerra] efectivamente utilizado por Juan Guerra, en el sentido de encontrarnos ante una dependencia habilitada para su exclusivo uso".

Emilio Lechuga, letrado del PA, aporta como argumento del recurso presentado ayer las declaraciones efectuadas por Alfonso Guerra en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 1990, en las que el exvicepresidente admitió la condición de titular del citado despacho, y las instrucciones dadas para su uso desde la vicepresidencia del Gobierno. El letrado pide al juez que reforme parcialmente el auto que emitió el pasado día 4 e incluya que Alfonso Guerra "si tiene relación con los hechos" y en consecuencia remita las actuaciones al Tribunal Supremo.

Por su parte, Manuel Fernández del Pozo, que presentó el sábado su recurso en términos muy similares al de Lechuga, se mostró ayer convencido de que el juez modificará su decisión porque los argumentos que contienen los recursos son de suficiente peso para hacerlo, opinión que comparte también el letrado andalucista.

Fernández del Pozo pide también en el recurso que se remitan las actuaciones al Tribunal Supremo y que se solicite el correspondiente suplicatorio para que éste tribunal pueda inculpar, procesar y juzgar en su caso al ex vicepresidente. El juez Márquez tiene un plazo de tres días para contestar los recursos.