Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los menores explotados no identificarán a sus clientes

Los siete menores explotados sexualmente por la red de corrupción desarticulada en Madrid el pasado 6 de octubre se oponen a identificar a sus clientes ante la juez que instruye el sumario, la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Clara Penín Alegre, según han informado fuentes judiciales. " [Los menores} no quieren más complicaciones, y lo cierto es que para poder inculpar a los clientes es necesario que los identifiquen en una rueda de reconocimiento", aseveran las mencionadas fuentes.

En las cuatro agendas que intervino la policía a uno de los cabecillas de la banda tras la redada que ordenó en octubre pasado la juez figuran numerosos teléfonos de presuntos clientes. Entre ellos hay "médicos, veterinarios y políticos" residentes en Madrid.

En una de las agendas decomisadas aparecen, en concreto, los números de teléfono de "políticos de varios partidos y un religioso", agregan las citadas fuentes judiciales. "No hay indicios suficientes como para poder inculpar de prostitución a las personas que figuran en la agenda, ya que puede haber nombres de personas que no tengan nada que ver con la banda ni con los niños", subrayan.

Por otra parte, la juez Penín dictó ayer una resolución por la que anula la personación en el sumario de Candela Millares Viñas, abuela de J. J. H. I, de 16 años, uno de los niños prostituidos por la banda. Esta anulación supone la exclusión como parte en el sumario de Emilio Menéndez, el abogado que hasta ahora ha ejercido la acusación particular en nombre de la abuela del menor.

Penín considera en su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, que no es la abuela, sino la Comunidad de Madrid, también personada en el sumario, la que tiene legalmente la patria potestad

Relaciones sexuales

El menor, que mantenía estrechas relaciones sexuales con uno de los cabecillas de la banda, se encontraba bajo la tutela de la comunidad cuando alquilaba su cuerpo y se repartía las ganancias a un 50% con los miembros de la red, la mayoría de origen brasileño.

La juez ha excluido como parte a la abuela después de que el menor le confesara que no la había visto desde que tenía 11 años. El joven se ha quejado ante la juez de que su abuela "ha facilitado fotos" suyas a la prensa, y cree que su abuela "ha cobrado por los reportajes". La juez ampara asimismo su decisión (conforme con la que ha expresado oficialmente el ministerio fiscal) en la conformidad del menor con su actual situación de acogimiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de abril de 1991