Un problema a largo plazo

Este problema puede llegar a ser una verdadera bomba de relojería sobre la estructura social futura de la sociedad española. Su desactivación requiere un mayor esfuerzo por parte del Estado; pero este esfuerzo público, con ser necesario, no es, sin embargo, suficiente. Es necesario, además, fomentar el ahorro privado vinculado a las pensiones de jubilación, y es en este terreno de la incentivación donde la legislación fiscal española se esta comportando de forma contradictoria y sorprendente.Una especie de mala suerte histórica hace que exigencias de justicia social, como el aumento de las pensiones mínimas, la universalización de las pensiones asistenciales y las cada vez más altas pensiones de los nuevos jubilados por la generosa (en términos comparativos europeos) fórmula de cálculo de estas nuevas pensiones, coincida con un periodo en donde la esperanza media de vida de los españoles esté creciendo espectacularmente.

Si bien la pensión media actual es de 39.400 pesetas al mes, la media de las nuevas pensiones concedidas en 1989 ha sido de 74.200 pesetas. La aportación total del Estado representaba en 1982 el 1% de las cotizaciones, y para este año se prevé que represente ya el 35% ascendiendo a 1,7 billones de pesetas.

Obviamente, ningún partido político puede ni, en conciencia, estar en contra de las mejoras de las pensiones más bajas. Ni nadie, quiera o no, puede estar en contra de la evolución demográfica. España está hoy en el grupo de países, conjuntamente con Suiza, Japón y Holanda, con esperanza de vida más alta.

A la vista de estos hechos, si bien en absoluto se puede hablar hoy de crisis de la Seguridad Social (y más después del traspaso de los gastos de asistencia sanitaría directamente al Estado desde el año 1989), sí deben tomarse ya desde ahora las medidas necesarias para afrontar los desequilibrios futuros. Y, guste o no guste, la principal medida posible y realista frente a este problema específico -presente, por otra parte, desde hace décadas en otros países- es el fomento del ahorro privado con destino finalista prioritario a la jubilación.

Tres condiciones

Sin embargo, el fomento del ahorro-jubilación-privado pasa necesariamente por tres condiciones imprescindibles que, hoy por hoy, no se dan suficientemente en nuestro país. La primera es ofrecer un marco estable al ahorro, con unas reglas de juego claras, que den confianza y seguridad al ahorrador para iniciar y mantener planes sistemáticos. La segunda, unos incentivos Fiscales suficientes para que el ciudadano acepte no consumir hoy para consumir en el futuro. Y la tercera, explicar por parte de los responsables públicos y sociales que la tendencia de nuestra Seguridad Social, así como las de todos los (sin excepción) países democráticos, es la de garantizar unos niveles más o menos mínimos de pensión que permitan vivir dignamente, con tendencia a la universalización, siendo el ahorro privado el que ha de complernentar este primer escalón público.

Respecto a los dos primeros requisitos, es decir, marco estable e incentivos fliscales, es necesario decir que desde que aparecieron los primeros planes de jubilación en el mercado de forma masiva (alrededor de 1984) cada uno o dos años ha cambiado el instrumento que maximizaba este ahorro. Primero se instrumentaron a través de FIM que tenían al inicio el 17% de desgravación en cuota; ahora los planes de jubilación como productos de seguros son los únicos que tienen deducción del 10%. Sin embargo, los últimos tienen los días contados, ya que, sorprendentemente, en el nuevo proyecto de ley del IRPF desaparece esa deducción.

Al mismo tiempo, en los últimos días de 1988 entró en vigor la nueva Ley de Planes y Fondos de Pensiones, que tiene por objetivo "la consecución de un mayor bienestar de la futura población pasiva". Esta ley, de azarosa y larga gestación, cuando finalmente se publicó no satisfizo a casi nadie, coincidiendo Administración, empresarios y sindicatos en que es manifiestamente mejorable. Pero, dejando aquí y ahora en qué y en cómo podría mejorarse, la verdad es que, después de algo más de dos años de vigencia, más de 600.000 españoles han confiado en este instrumento para el ahorro jubilación y han iniciado planes sistemáticos de ahorro. Y ello a pesar de su iliquidez para los particulares y de la existencia de las controvertidas comisiones de control para las empresas.

Sin embargo, de nuevo sorpresivamente, llega otra modificación de las reglas de juego, esta vez por pasiva. En el nuevo proyecto de ley de IRPF se contempla una mejora sustancial en el tratamiento de la totalidad de las plusvalías mobillarlas e inmobiliarias, así como la exención de los rendimientos de los nuevos planes de ahorro popular. Pero de estas mejoras, y he aquí la sorpresa, se excluye por omisión a las plusvalías y rendimientos producidos a través, precisamente, del ahorro instrumentado en los planes de pensiones.

Los planes y fondos de pensiones son, en la actualidad, el instrumento financiero más interesante para el ahorrador. A cambio de la indisponibilidad y otras restricciones (por otra parte todas ellas demasiado duras, porque desincentivan a los jóvenes que son los que de verdad pueden iniciar planes a largo plazo de ahorro) gozan de más ventajas fiscales, centradas principalmente en el diferimiento de la tributación. Ahora bien: parece obvio que, si se pretende mejorar el tratamiento fiscal de todas las plusvalías, esta mejora no debe discriminar a los partícipes de planes de pensiones, aplicándose por ello también a la capitalización del ahorro instrumentado en estos planes. Se trata, en definitiva, que en la jubilación tribute el capital acumulado que no tributó en el momento del ahorro (el diferimiento), pero que deje de aplicarse, como a cualquier otro ahorro, la exención sobre plusvalías y rendimientos que prevé el nuevo IRPF.

Fiscalidad y ahorro

¿Por qué? Primero, porque no tiene sentido discriminar a una plusvalía de otra pretendiendo como pretende la reforma del IRPF ser neutra. Segundo, porque las limitaciones comentadas de indisponibilidad, y otras, justifican que el mejor trato fiscal relativo de los Planes de Pensiones respecto de otros instrumentos se mantenga (una discusión más profunda concluiría en que se mejorase todavía más). Tercero, porque, aun aceptando como discutible la relación entre fiscalidad y ahorro, debe diferenciarse el ahorro genérico (léase Plan de Ahorro Popular u otros) del ahorro finalista (cuyo objetivo es afrontar un problema de nuestro inmediato futuro, suficientemente serio), las pensiones de los jubilados, viudas, inválidos y huérfanos, por imposibilidad obvia de seguir precisamente el Estado cubriéndolas en solitario.

No se trata tanto de discutir si hasta ahora los estímulos fiscales han incentivado suficientemente el ahorro, sino de incrementarlos, estos y los de tipo, precisamente hasta conseguir estimular este (no cualquier) ahorro. Así sucede en la casi la totalidad de los países de nuestro entorno.

Para acabar, dos últimas reflexiones. La primera es que siendo evidente, como decía al principio, que la Ley de Planes y Fondos de Pensiones no contenta a casi nadie, ante la magnitud del problema de las pens ones, la única actitud posible es la positiva. Esto significa, hoy por hoy, su aprovechamiento y mejora. Pongámonos a trabajar en mejorar esta ley para que sea un instrumento más eficaz para empresas y particularres. Olvidarse o prescindir de ella porque no ha consegu do el éxito que algunos esperaban es, simplemente, matar al mensajero. El problema seguirá ahí.

La segunda es que si en algún aspecto o terreno de la economía existe el largo plazo es en este tema: en la cobertura de pensiones. El problema no se manifestará con gran crudeza hasta dentro de varios años. Pero entonces, para resolverlo, serán necesarias varias generaciones. Abordarlo en serio desde hoy mismo es difícil y complejo. Se dejará para dentro de unos años; será, simplemente, imposible. Y no es alarmismo; a la demografía me remito.