El juez Márquez decreta el secreto de las diligencias del 'caso Juan Guerra'

El juez Ángel Márquez Romero decretó ayer el secreto de las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en relación con el caso Juan Guerra. Márquez solicitó también, en el mismo auto, un informe al fiscal Alfredo Flores sobre el procedimiento a seguir en relación al uso del despacho de la Delegación del Gobierno, del que, según el juez, se desprenden indicios de delitos "de los que pudieran ser responsables, además del querellado, personas aforadas".

El secreto de las diligencias del caso supuso toda una sorpresa para las partes implicadas en el asunto, que aseguraron desconocer los motivos que obligan a tal decisión judicial, que será efectiva durante un mes. El caso Juan Guerra lleva casi un año de diligencias instruidas por el procedimiento abreviado -se cumple el próximo día 26-, desde que el juzgado de Instrucción número 6 se hiciera cargo de la querella presentada por Izquierda Unida (IU). Lo único que declararon las partes tras conocer la resolución del juez fue: "Parece que existe una investigación importante que conviene declarar secreta". "Entiendo que habrá razones para ello" y se hace para "dar mayor efectividad a las actuaciones", dijeron Manuel Fernández del Pozo, letrado de IU; Emilio Lechuga, del Partido Andalucista (PA), y Alfredo Flores, fiscal jefe de la Audiencia.La decisión judicial no afecta, sin embargo, a los dos asuntos que el juzgado ha tratado en las Últimas tres semanas. La investigación de la Delegación del Gobierno por parte de Juan Guerra está concluida a falta del informe de los peritos judiciales sobre el coste de esa instalación, mientras que sobre las actividades de la empresa Construcción Modular Andaluza, SA, (Comasa), el juez concedió ayer un plazo de siete días a las partes para que presenten sus alegaciones.

El juez Márquez recibió ayer el testimonio de dos policías que prestaron servicio en la citada dependencia estatal y a uno de los; conserjes. Las declaraciones resultaron ser contradictorias y no revelaron nada nuevo sobre la existencia o no de un libro de visitas.

Petición de fianza

El juez Ángel Márquez recibió ayer una petición del letrado de IU, Manuel Fernández del Pozo, en la que éste solicita que le imponga a José Garrido López una fianza de 145 millones de pesetas por su vinculación a Comasa.El secreto de las actuaciones parece indicar que en los próximos días el juez ordenará alguna actuación a la policía judicial, que dé un vuelco al caso.Varias son las causas que en la antesala del juzgado número 6 se barajaron ayer por parte de los periodistas que siguen a diarios el asunto como hipótesis que explique la decisión judicial. Por un lado, la policía judicial ha concluido la investigación sobre la empresa Litomed, dedicada a la litotricia (tratamiento indoloro de enfermos renales), y a la que supuestamente se desviaron enfermos desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cometiéndose un presunto delito de malversación de fondos.

Por otra parte, la llamada anónima recibida por el juez Márquez a finales del pasado mes de febrero en la que se vinculaba a Juan Guerra una cuenta bancaria en una sucursal del Banco de Santander, de la que no tenía conocimiento el juez y para asuntos aun no desvelados.

Asimismo, la presunta relación que Juan Guerra pudiera tener con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, y por la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, solicitó a Angel Márquez un informe sobre el patrimonio y movimientos de capitales de Juan Guerra.