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La proximidad de las elecciones municipales resta apoyos al PSOE para la reforma fiscal

El pacto para la reforma del impuesto sobre la renta y el patrimonio amenaza con diluirse en el logro de una mayoría parlamentaria constituida por el PSOE, el CDS y CIU. La proximidad de las elecciones municipales ha enturbiado el ambiente de consenso vivido durante la tramitación en el Congreso. Izquierda Unida dio ayer un giro en sus posiciones de partida y condicionó su respaldo a que se suban más las deducciones para los trabajadores. El PP, por su parte, reiteró sus propuestas para ampliar la regularización fiscal que el resto de los partidos considera inalcanzables.Aunque el representante de IU, Ramón Espasa, negó que existiera presión por parte de sus dirigentes, otros grupos esgrimieron este argumento para explicar el casi seguro desmarque de la coalición.

Mientras IU había forzado al PSOE a aceptar un aumento hasta el 6% en la deducción por gastos necesarios para obtener las rentas del trabajo, ayer volvió a subir el techo hasta el 10%. Este porcentaje, asumido por el PP, está descartado por el resto de los partidos ya que su coste sería de unos 175.000 millones de pesetas (35.000 millones por cada punto que se eleve esta deducción, según Hacienda). Ramón Espasa explicó este cambio de actitud por las presiones de los sindicatos. La decisión final se adoptará en una reunión de la coalición el martes.

En la postura del PP, sin embargo, no ha habido variación aunque nunca se ha descartado oficialmente su disposición a sumarse al pacto fiscal. En la Cámara, sin embargo, han presentado enmiendas a la totalidad y recursos ante el Constitucional contra las últimas normas fiscales debatidas. En concreto, ayer mantuvo en solitario su oposición total al proyecto de ley por el que se prorroga la normativa del IRPF para 1991.

En el texto alternativo que propusieron ayer para el IRPF de este año, el PP planteó la actualización de balances y de los, valores de los bienes patrimoniales para quienes hayan pagado sus impuestos. Ello supondría una exención del pago de plusvalías con carácter general. El pleno del Congreso rechazó este texto alternativo.

El PP, sin embargo, anunció que se abstendrá en la votación parlamentaria sobre la regularización fiscal que impulsa el Gobierno porque la considera insuficiente. En este sentido, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, se congratuló de que ningún grupo parlamentario se oponga a la regularización. Reiteró que "ésta será la última oportunidad para ponerse al día con Hacienda y para tener garantías de que no será perseguido por la inspección fiscal".

La postura que adopte el PNV es un capítulo aparte aunque también aparece condicionada por lo que ocurre fuera del Parlamento. La iniciativa de las tres diputaciones vascas para permitir a las empresas en su territorio una actualización de sus balances, y el posterior recurso de la Hacienda central, es el escollo que ha alejado al PNV del pacto fiscal. Su vuelta depende de la reunión que mantendrá la comisión mixta del cupo la próxima semana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de febrero de 1991