La fiscalía de Barcelona rechaza la competencia en un caso de incitación a la deserción
La fiscalía de Barcelona considera que son los tribunales militares los que tienen competencias para investigar un caso de incitación a la deserción denunciado por la policía. El Juzgado Togado Militar 31 de Barcelona, que fue el que en principio se encargó del caso, se había inhibido a favor de la jurisdicción ordinaria.
La policía judicial inició una investigación al considerar que movimientos antimilitares radicales, afincados en Cataluña, habían iniciado una campaña cuyo fin era incitar a desertar a los soldados y marineros que se encuentran cumpliendo el servicio militar desde que se inició la guerra del Golfo. Según sus investigaciones, las llamadas se hacían desde un teléfono de L'Hospitalet (Barcelona).El interlocutor, cuya identidad no ha sido facilitada, proponia a familiares de soldados que sus hijos dejaran las filas y les ofrecía cobijo y asistencia juríclica. La policía solicitó al Juzgado de Guardia autorización para intervenir el teléfono, pero el juez rechazó la competencia por entender que correspondía a la jurisdicción militar.
El Juzgado Togado Militar 31 abrió las diligencias pero la semana pasada se inhibió en favor de la jurisdicción ordinaria al considerar que el supuesto delito encajaba en el artículo 221 del Código Penal civil. Este artículo, sobre la sedición, establece que cometerán ese delito "los que de palabra, escrito, impreso u otro medio de similar eficacia inciten a militares a cometer el delito de sedición militar, a las tropas a comportamientos de indisciplina o al incumplimiento de los deberes militares, o hiciera apología de la sedición".
La fiscalía, en cambio, entiende que los hechos denuncia dos sólo encajan en el Código Penal Militar, que contempla que personas civiles sean enjuiciadas por tribunales castrenses si incitan a la deserción. La fiscalía aduce que el castigo de la justicia ordinaria a la incitación a la sedición se refiere a conductas cometidas por quienes se "alzan pública y tumultuariamente", requisito que no reúne el caso denunciado.
El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, subrayó que el dictamen de la fiscalía se ha hecho con "el pleno consentimiento del fiscal general del Estado".
Por otra parte, Juan Carlos Rois, abogado de los seis insumisos condenados en Albacete a un total de 14 años, acusó ayer a IU de presionar a los jóvenes "para que recurran las sentencias". Rois calificó el hecho como "la maniobra de unos advenedizos para capitalizar la campaña de desobediencia". Un portavoz de IU declaró que algún miembro de esta formación se limitó "a comentar que sería bueno recurrir".
El fiscal solicita tres meses y un día de prisión para un joven juzgado ayer en por un tribunal militar en La Coruña por ausentarse tres días del cuartel, informa Xosé Hermida.
