Reacciones dispares ante el control policial sobre los compradores de entradas de los JJ OO de Barcelona

El control policial de los compradores de entradas para los Juegos Olímpicos, quienes deberán presentar el DNI (los extranjeros, el pasaporte, y las empresas, el número de identificación fiscal) al solicitar las localidades, que ayer salieron a la venta, ha generado reacciones dispares en medios jurídicos y políticos catalanes. Las entradas para las ceremonias de inauguración y de clausura de los JJ OO fueron, por este orden, las más solicitadas ayer, seguidas de las correspondientes a las competiciones de baloncesto y atletismo.

Los juristas consultados por EL PAÍS sobre el control policial de los compradores son mucho más críticos respecto a dicha medida que los representantes de partidos políticos. Los juristas entienden que este dispositivo de seguridad limita el derecho a la intimidad de las personas, mientras que los políticos, salvo alguna excepción, niegan que esta medida atente contra ningún derecho constitucional. El presidente de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Jordi Oliveras, considera que la medida "impide, en cierto modo, la libre circulación de las personas, pues es como si para pasear por la Rambla hubiese que entregar previamente el DNI".Joaquín Pérez de Gregorio, fiscal de la Audiencia de Barcelona, es tajante: "La única obligacion que tiene el comprador de una entrada es pagarla". El Fiscal opina que, llegado el caso, el comprador podría plantear la ilegalidad de la exigencia de sus datos personales. "Es una medida preocupante por lo que tiene de indicio de que vamos hacia un Estado policial", concluye.

Montserrat Virulés, de la Asociacion de Juristas Demócratas, entiende que el único modo de que el derecho a la intimidad sea respetado es que "el Parlamento controle a su vez el uso que la policía hace de esa información". A juicio de Susana Torras, abogada de la Organización de Consumidores y Usuarios, los JJ OO requieren controles excepcionales "para evitar la reventa de entradas en el mercado negro". Esta medida no afecta al derecho a la intimidad más que la obligatoriedad de rellenar una ficha al ocupar una habitación hotelera, asegura Torras.

El secretario general de Deportes de la Generalitat, Josep Lluís Vilaseca, de Convergencia i Unió; el concejal barcelonés del Partido Popular Enrique Lacalle, y el portavoz del Partit dels Socialistes, Jaume Sobrequés, defienden la medida para garantizar la seguridad y niegan que limite los derechos de las personas.

Iniciativa per Catalunya es partidaria de reforzar los sistemas de seguridad de los JJ OO, pero considera "excesivo" que los compradores tengan que facilitar el DNI. El secretario general de Esquerra Republicana, Angel Colom, afirma que esta medida confirmaría que "el Gobierno del PSOE se encamina hacia el Estado policial".

La organización de los Juegos (COOB) asegura que la medida está destinada a combatir el mercado negro de entradas y a prevenir atentados y otros actos violentos. Fuentes del COOB sostienen que el dispositivo de seguridad pretende proteger los derechos ciudadanos, no limitarlos.

35.000 interesados

Más de 35.000 solicitudes de información sobre la venta de entradas fueron atendidas ayer en las 2.600 oficinas de Banesto en toda España. El número de solicitudes formales de localidades superó el millar. Muchos de los solicitantes comprometieron lotes por valores cercanos a las 40.000 pesetas.Desde ayer hasta el próximo 14 de junio, los interesados podrán solicitar una reserva de entradas en cualquier oficina del grupo Banesto, banco oficial de los JJ OO. Al término de este periodo, las localidades que hayan sido solicitadas por más de una persona serán sorteadas ante notario. A partir de septiembre de este año, las entradas que queden dispon Ibles podrán reservarse.

Por otro lado, el COOB ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la empresa que se ha ofrecido como intermediaria en la compra de entradas.