La fiscalía de Barcelona, contraria a la inhibición de los jueces castrenses

La posibilidad de que los tribunales ordinarios sean los competentes en casos de incitación a la deserción, en sustitución de la jurisdicción militar, ha causado malestar en Cataluña, sobre todo en la Fiscalía del Tribunal Superior, en donde un grupo de fiscales ha pedido que se debata a quién corresponde conocer de tales delitos. Un requerimiento de la Abogacía del Estado de Barcelona en demanda de información judicial relacionada con el Golfo, "en interés de las altas autoridades de la nación", ha acentuado esa situación.El documento requería de los jueces la comunicación a los servicios de la Abogacía del Estado -que representa a la Administración- del inicio de cualquier proceso judicial en relación con el envío de tropas al Golfo. El escrito distribuido a los jueces llegó a la fiscalía de Barcelona, que mostró su rechazo.

En otro escrito, la fiscalía expone que no accederá a la petición por tres razones: por que el cauce de información con el Gobierno está previsto en el estatuto fiscal y es competencia exclusiva del ministerio público, porque corresponde al fiscal la decisión sobre la persecución de las conductas delictivas y, finalmente, por entender que la información de las causas está reservada a las partes personadas.