Muere una de las niñas heridas en el accidente pirotécnico

Madrid - 27 dic 1990 - 00:00CET

La niña Desiré Castillo Ruiz, de dos años, herida en Nochebuena junto a ocho familiares más en la explosión de un quiosco de cohetes de feria, murió sobre las dos de la madrugada de ayer en el hospital Gregorio Marañón. Su abuelo Silverio, titular de la caseta, no tenía permiso para vender cohetes, pero en el lugar de los hechos fueron decomisados más de 100 kilos que no llegaron a explotar. La Delegación del Gobierno no ha concedido "durante los últimos dos años ni una sola autorización para venta callejera de artefactos pirotécnicos".La pequeña Desiré Castillo falleció a causa de un fallo cardiaco del que no pudo ser reanimada, pese a los esfuerzos de los médicos del hospital Gregorio Marañón. La niña sufría graves lesiones en el cerebro como consecuencia de la explisión pirotécnica que ocurrió sobre la medianoche del lunes en un quiosco de la Cruz de los Caídos. Su hermana Estefanía, de tres meses, se encontraba ayer en estado "extremadamente grave'", ya que sufre quemaduras de tercer y cuarto grados en el 50% de su cuerpo y necesita respiración asistida.

En el lugar del accidente se Intervinieron más de un centenar de kilos de explosivos. Sin embargo, ninguno de los puestos callejeros que aprovechan las fiestas navideñas para vender artículos pirotécnicos está autorizado para ello. Desde hace (los años, la Delegación del Gobierno, encargada de autorizar la comercialización de estos productos, no concede un solo permiso. El Ayuntamiento, que afirma desconocer este dato, y la Delegación se enzarzaron ayer en una polémica sobre quién debe controlar la comercialización ilegal de estos productos.

La delegada del Gobierno, Ana Tutor, asegura que el control de la venta de estos artículos en puestos callejeros "es competencia del Ayuntamiento", que tiene que controlar todo lo referente a la venta ambulante. "Hay personas en el Ayuntamiento que siempre me traspasan sus problemas", añadió.

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El control de la venta de cohetes causa una 'guerra' de acusaciones políticas

Viene de la página 1El concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, Simón Viñals, y el responsable de Seguridad y Policía Municipal, Fernando Bocanegra, derivaron ayer toda responsabilidad sobre control de artículos pirotécnicos a la Delegación del Gobierno.

Según Fernando Bocanegra, "las autorizaciones para la venta de explosivos sólo las puede dar la Delegación del Gobierno, que tiene todas las competencias en la materia, según el Reglamento de Armas y Explosivos".

A pesar de estas aseveraciones, el Área de Sanidad y Consumo municipal incluyó en la habitual campaña navideña de inspecciones el control de la venta de artículos pirotécnicos y de broma. Según Simón Viñals, este control se, realiza "de forma voluntaria y sin que lo especifique ninguna ordenanza".

La concejalía ordenó ayer que las inspecciones de Navidad sólo se realicen a partir de ahora, y para lo que resta de campaña, sobre la comercialización de artículos explosivos. "Nos olvidamos de la merluza, las uvas y el acebo", comentó Viñals.

Entre el 14 de noviembre y el día de ayer, el Ayuntamiento inmovilizó un total de 10.944 unidades de pistones, 3.733 bengalas y 132 fulminantes de pirotecnia como consecuencia de estas inspecciones.

Algunos de estos artículos se localizaron en tiendas dedicadas a productos de alimentación, como panaderías o comercios de frutos secos.

Viñals afirma que el Ayuntamiento, al no tener competencias en materia de artículos explosivos, no puede decomisar la mercancía. "Cuando se localiza a un vendedor sin permiso, nuestra actuación se limita a inmovilizar los artículos hasta que se haga cargo de ellos la Delegación del Gobierno", comentó el concejal.

Quioscos con permiso

Los 75 quioscos de la zona de la Cruz de los Caídos, donde ocurrió la explosión, tienen permiso para vender artículos navideños, aunque no explosivos. Según el concejal socialista Victorino Granizo, "una inspección adecuada de la Policía Municipal hubiera evitado la tragedia". Su compañero José María de la Riva insiste en que entre las competencias municipales figura la de controlar la venta de artículos como los que hicieron explosión el pasado lunes.

El lugar donde ocurrió el accidente era, según fuierites policiales, "un auténtico polvorín". Tras la explosión, la policía intervino más de cien kilos de explosivos que estaban repartidos en tres caravanas, una propiedad de Silverio Castillo Bermejo, que resultó herido en el accidente, y las otras dos de Ramón Carrillo Villasevil.

En la caravana de Castillo se encontraron dos cajones con 20 kilos de petardos, 30 kilos de cohetes repartidos en varias cajas y 12 kilos de petardos chinos. En los otros dos vehículos se intervinieron 40 kilos de petardos con mecha. Todo el material fue trasladado por artificieros al acuartelamiento de Moratalaz.En una circular de la Delegaclón del Goblemo, publicada el 11 de octubre pasado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se especifican las condiciones que han de cumplir las casetas instaladas en la vía pública, entre las que destaca que en cada una de ellas no podrán almacenarse más de 50 kilos de material explosivo; que en el quiosco tendrá que haber dos extintores de incendios; que la instalación eléctrica tiene que ser antideflagrante; que tendrán que estar instaladas a 20 metros de cualquier edificación y a 100 de gasolineras o depósitos de gas.

La Delegación del Gobierno, según la misma circular, concede permiso para la venta de cohetes y petardos, tras sollcitar información a los ayuntamientos, al objeto de que se prontincien sobre si procede o no la concesión de la correspondiente autorización.

El texto añade: "La venta de productos pirotécnicos sin haberse obtenido con carácter previo la preceptiva autorización será sancionada con una multa mínima de 50.000 pesetas".Sin embargo, el Ayuntamiento entiende que en esta circular no se especifica la responsabilidad sobre el control de la venta, y recurre al Reglamento de Armas y Explosivos, donde se afirma que la Guardia Civil "procederá a inspeccionar ( ... ) los comercios de armas y todos aquellos que se relacionen directamente con estas actividades".

Daños en las fincas

La explosión que causó la muerte de Desiré y heridas a otras ocho personas de su familia produjo también daños en varios vehículos aparcados en las inmediaciones y en las casas de la zona.

Algunos vecinos han denunciado desperfectos importantes en cristales y tabiques.

Una inquilina, en concreto, manifestó que su balcón había cedido unos cinco centímetros.

Las fincas más afectadas por la onda expansiva fueron las número 7, 9 y 11 de la cercana calle de José Arcones Gil.

Inspectores de la comisaría de Ventas se han encargado de las diligencias.

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