Protestas en municipios andaluces en contra de la política de la Junta

Las localidades andaluzas de Frailes (Jaén) y Almonte (Huelva) secundaron ayer una huelga general, en el primer caso, y un encierro, en el segundo, en contra de la política de la Junta de Andalucía en dichos municipios. Al mismo tiempo, la Junta autorizó ayer a Alcalá la Real la captación de aguas del municipio de Frailes, a lo que se oponen los vecinos de esta localidad.

Los vecinos de Frailes secundaron ayer una huelga general en protesta por la detención el pasado lunes por la Guardia Civil de cuatro vecinos, acusados de ser los responsables de los destrozos ocasionados, el pasado mes de mayo, en dos pozos situados en la finca El Chaparral, en el término municipal de Frailes, informa Ignacio Frías. Estos dos pozos habían sido construidos con una licencia provisional de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para abastecer de agua a la vecina localidad de Alcalá la Real, que viene padeciendo endémicas restricciones en el suministro de la red municipal.La huelga general, convocada por el Ayuntamiento de Frailes, que ha pedido la libertad de los detenidos y se opone a la extracción de agua en El Chaparral, provocó el cierre de todos los comercios y la concentración de los vecinos, durante el día de ayer, ante la sede municipal. Vecinos de Frailes indicaron que los cuatro detenidos debían ser puestos inmediatamente en libertad".

Paralelamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó ayer a la población de Alcalá la Real la ejecución de obras de abastecimiento de aguas en el término municipal de Frailes, "por estimarse necesarias y de interés público", según consta en un informe realizado por la Consejería de Obras Públicas. Las obras para la captación de aguas han sido boicoteadas por los vecinos de Frailes.

De otro lado, la localidad onubense de Almonte vivió ayer una nueva jornada de tensión después de que unos 30 colonos del plan de regadíos Almonte-Marismas, entre ellos cinco mujeres, se encerraran a últimas horas del lunes en el interior de las dependencias del Ayuntamiento como medida de presión para que la Junta de Andalucía evite el envío de nuevos embargos bancarios a los parcelistas. Todas las actividades municipales permanecen bloqueadas.

La Junta de Andalucía ha incumplido, según los colonos, el acuerdo suscrito el pasado 19 de noviembre con los colonos y con el alcalde de Almonte, el socialista Rafael Díaz, sobre su inmediata mediación con varias entidades bancarias para poner fin a las subastas de los bienes de los parcelistas, según declaró Lorenzo Gálvez, uno de los agricultores encerrados. Los colonos no han devuelto todavía los préstamos recibidos de varios bancos para la reparación de los daños que los temporales del pasado invierno causaron en los cultivos. La deuda total de estos agricultores asciende a unos 4.000 millones de pesetas y el problema afecta directamente a unas 350 personas.

Los colonos cerraron con candados las puertas del Ayuntamiento almonteño y colocaron el material informático de las dependencias municipales "en lugares estratégicos para que nadie intente entrar aquí".