La Audiencia archiva el 'caso Uritoitia' por falta de pruebas

La ausencia de pruebas que justifiquen que los miembros de las Unidades Especiales de Intervención de la Guardia Civil (UEI) cometiesen un delito durante el tiroteo en el que falleció la etarra Lucía Urigoitia ha llevado a los magistrados de la Audiencia Provincial de San Sebastián a sobreseer el caso y que éste sea archivado por el juez instructor.

En un escueto auto dictado por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial se argumentó el sobreseimiento del sumario indicando que de las diligencias instruidas "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito". El escrito fue remitido al juez instructor, Santiago Pedraz, para que procediese al archivo de la causa, aspecto éste que se ha materializado al no haber presentado ninguna de las partes -fiscal, acusación particular y abogados de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado- recurso de apelación contra dicho auto antes de tres días.Lucía Urigoltia, miembro del comando Donosti de ETA, falleció en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) el 23 de julio de 1987 en el transcurso de un tiroteo con la Guardia Civil.

En el desarrollo de la operación policial, en la que las UEI desarticularon el citado comando, con la detención de nueve personas y la incautación de una gran cantidad de armamento y explosivo, Urigoitia, según la versión oficial, recibió a tiros a los agentes en el piso en el que se encontraba. Esta agresión fue repelida por la Guardia Civil con varios disparos que ocasionaron la muerte de la etarra.

El entonces juez instructor de la causa, Juan Piqueras, uno de los magistrados que firman el auto de sobreseimiento, indicó en mayo de 1989, en un auto judicial, que la activista había recibido dos disparos real Izados en dos momentos diferentes. El último de ellos fue en la cabeza y con el cañón del arma "tocando prácticamente la piel".

La operación que culminó con el comando Donosti se vio envuelta en una fuerte polémica, tanto por la forma en que murió la etarra como por las declaraciones que el entonces gobernador de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, en las que acusaba al juez y al fiscal de interferir en la investigación policial.