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Dictada fianza de 20 millones para fondevila por su presunta implicación en el 'caso Sampere'

EFE La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas, decidió ayer imponer una fianza de 20 millones de pesetas al economista y experto en Bolsa Eduardo Fondevila Roca por su presunta implicación en el llamado caso Sampere, que estalló en Barcelona el pasado mes de julio dejando deudas de varios cientos de millones de pesetas a diferentes personas.

Las personas afectadas invirtieron sus fondos en la Bolsa de Barcelona a través de algunas sociedades presuntamente controladas a Juan Sampere de Luna. Eduardo Fondevila deberá depositar la fianza para afrontar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de su participación en este caso.La juez no ha decidido todavía si elevará la fianza de 2 millones de pesetas impuesta hace cinco años a Juan Sampere de Luna por su participación en el llamado caso Buxeres. En aquel momento el juez Fernando Campos impuso esta fianza a Sampere por su implicación en un descubierto bursátil de 1.500 millones de pesetas entre diferentes clientes M despacho de Buxeres y al que hubo de hacer frente el colegio de agentes de Cambio y Bolsa.

Sampere aparece como el principal implicado en este nuevo escándalo bursátil. Tanto Fondevilla como Sampere aparecen, como presuntos captadores de fondos entre diversos inversores a los que prometían elevadas rentabilidades anuales, con pago anticipado de parte de los rendimientos pactados.

En los próximos días podrían declarar ante la juez Comas otros presuntos implicados como Rafael Monjo, socio de la sociedad de valores y bolsa Inverbroker, controlada mayoritariamente por la Caja de Pensiones de Ahorros y Barcelona (La Caixa).

El caso Sampere está siendo investi ado por Hacienda (ver EL PAÍS del 13 de octubre), que ha pedido a los perjudicados que justifiquen el origen de los fondos empleados en estas operaciones bursátiles. También la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar sobre el tema para determinar presuntas responsabilidades (ver EL PAÍS del 15 de octubre). La Comisión de Valores, por su parte, ha enviado a los tribunales sus investigaciones sobre el caso, para que determinen las responsabilidades que pudieran derivarse.

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