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Editorial:

Ahora que están en casa

Los 15 españoles que permanecían retenidos en Bagdad por las autoridades iraquíes han recobrado su libertad merced a la intervención de una comisión no gubernamental desplazada al efecto a aquel país. Ninguna persona con un mínimo de sensibilidad puede dejar de alegrarse por ello, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre la naturaleza y desarrollo concreto de las gestiones realizadas por esa comisión.Esta alegría no evita plantear -ahora que estos ciudadanos vuelan ya hacia nuestro país, es decir, que están en libertad- el complicado dilema moral que la iniciativa, en cuanto tal, suscita. Por una parte, nadie se puede oponer a unas gestiones orientadas a sustraer a los rehenes a su situación de cautiverio, pero por otra, no es rebatible el argumento de que tal iniciativa favorece la estrategia propagandística de Sadam Husein, responsable de la suerte de esos y otros muchos ciudadanos de más de 20 países del mundo.

Desde la Biblia -Judith ofreciéndose a Holofernes para salvar a su pueblo- hasta la narrativa contemporánea -el Dostoievski de Los demonios-, la literatura proporciona una abundante casuística sobre distintas variantes de conflictos morales en los que se hace extrema la contraposición entre dos deberes alternativos e igualmente acuciantes. Por lo general, tales dilemas no tienen una respuesta categórica, y a lo más que puede aspirarse es a reducir los efectos indeseables de la opción elegida, cualquiera que ésta sea.

En este caso, el principal riesgo de la gestión realizada es que fortalezca la posición del agresor. Cuando todo el mundo civilizado se ha unido con rara unanimidad en el objetivo de forzar a Sadam Husein a renunciar a su propósito y cuando el mantenimiento de esa unanimidad se ha convertido en un factor clave para evitar un sangriento conflicto bélico, el dictador iraquí aspira a romper por cualquier medio a su alcance la solidaridad internacional. Trata de neutralizar a algunos países -al menos- mediante la manipulación de sus opiniones públicas respectivas por el procedimiento de ofrecer un trato de favor a los rehenes de cada uno de ellos. Pero, por la misma razón, es igualmente lógico que los Gobiernos busquen activamente no verse comprometidos en aquellas iniciativas que favorezcan ese propósito. De ahí las críticas que en todo el mundo cosechó el canciller austriaco, Kurt Waldheim, por su gestión unilateral en relación a los rehenes de su país, o el escándalo suscitado en el Reino Unido por el anuncio de una iniciativa similar del ex primer ministro Heat, agravado por su insinuación de que la idea le fue sugerida por el propio ministro británico de Asuntos Exteriores.

El riesgo de ruptura de la solidaridad internacional disminuye bastante si la iniciativa se plantea no desde las instancias oficiales, sino desde organismos humanitarios, como la Cruz Roja, o a partir de ciudadanos particulares. También en este caso Sadam intentaría obtener un beneficio propagandístico: acreditar un talante dialogante y humanitario, en contraste con la indiscutible realidad de que ha sido él quien ha condenado al cautiverio a esas personas Ilegalmente retenidas. Pero es un riesgo asumible en la medida en que, no comprometiendo directamente a los Gobiernos, la unanimidad internacional no se resiente.

El límite de tales iniciativas sería entonces que las gestiones emprendidas no tuviesen tal naturaleza que implicasen en la práctica la renuncia por parte de las autoridades del país en cuestión a sostener sus propias posiciones respecto al conflicto, ya que en tal caso la diferencia entre organismos privados y oficiales quedaría borrada y se estaría aceptando el chantaje.

Tal como la cuestión se ha planteado en la práctica, tan imprudente hubiera sido que el Gobierno español estimulase la iniciativa como que hubiera intentado impedirla u obstaculizarla una vez en marcha. Pero si de imprudencia se trata, no es posible ignorar las cometidas por algunos miembros de la delegación con su afán por condicionar la conducta que habrían de mantener personas con responsabilidades públicas. Al calificar de terrorista al responsable del secuestro de varios miles de ciudadanos, el ministro Fernández Ordóñez recordó la posición de su Gobierno, convalidada por el 90% de los diputados y coincidente con la de toda la comunidad internacional, representada por la ONU. Por tanto, la imprudencia más bien estuvo de parte de quienes, magnificando sus palabras y redoblando su eco, trataron de curarse en salud ante un eventual fracaso de la mediación, de la que por adelantado responsabilizaban al ministro.

Lo de menos es si ha habido o no móviles políticos o de promoción personal de los mediadores. Eso es casi inevitable y carece de relevancia. Pero el buen desempeño de la misión no exigía aprovechar el viaje para contraponer los fines humanitarios de los mediadores con la política de todos los Gobiernos del mundo, incluido el español, respecto al conflicto, o para enfrentar demagógicamente la voluntad negociadora de la comisión con la intransigencia o belicosidad de la comunidad internacional, como han hecho algunos de los desplazados a Bagdag. En un país democrático cabe la disidencia, y, por tanto, iniciativas particulares diferentes a las gubernamentales; pero no es aceptable la pretensión de condicionar, en aras de tales iniciativas, la posición de los representantes legítimos del conjunto de los ciudadanos de un país. Compartamos la alegría por el desenlace, pero no cerremos los ojos sobre el precio pagado. El rescate no ha sido gratis.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de octubre de 1990