El fiscal del Estado considera "positiva" la propuesta de cadena perpetua para terroristas

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres Boursault, calificó ayer de positiva "cualquier medida que refuerce el objetivo de erradicar el terrorismo", entre las que se cuenta la propuesta de la Audiencia Nacional de implantar la pena de cadena perpetua, con un mínimo de 40 años de reclusión, para los delitos terroristas graves. Torres hizo estas manifestaciones al término de la ceremonia de apertura del año judicial, que fue presidida por el Rey, quien previamente inauguró la nueva sede del Consejo General del Poder Judicial.

En declaraciones al margen del discurso de apertura del año judicial, Torres prefirió no pronunciarse sobre cuál de las dos medidas -la cadena perpetua con posibilidad de indulto tras 25 años de cumplimiento efectivo o el cumplimiento de la totalidad de la condena- sería preferible, pero cualquiera de las dos le pareció "positiva"."No me puedo pronunciar", dijo, "por ninguna de ambas excluyendo la una de la otra o inclinando la balanza hacia una u otra. Es un tema a someter a debate, que ya lo ha sido en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional [es esta fiscalía la que pide aumentar las penas contra el terrorismo] y son las fuerzas sociales y políticas quienes deben decidir sobre esa propuesta. A mí me parece que cualquier medida que refuerce el objetivo de erradicar el terrorismo es positiva. Ésa y cualesquiera otra que se pueda sugerir en el mismo orden de ideas, siempre partiendo de que deben estar basadas en la legalidad y en la razón, que es justo lo contrario de aquéllo contra lo que se lucha: la intolerancia y la irracionalidad de los terrroristas".

El presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo Lage, que fue objeto de un atentado de ETA Militar en que perdió ambas manos, manifestó sobre el mismo asunto que prefería no hacer comentarios "dadas mis condiciones", señaló el magistrado.

El tráfico de influencias fue abordado por Leopoldo Torres al considerar que "ha surgido de la realidad social en los últimos meses". Para el fiscal general del Estado, "se ha revelado la insuficiencia de los delitos clásicos de estafa, cohecho y prevaricación, lo que lleva forzosamente a la conclusión de que hay que tipificar el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada".

Torres Borsault propuso también fijar un plazo al Gobierno para que resuelva la ejecución de las resoluciones de los tribunales concediendo la extradición. En clara alusión al caso del gal Georges Mendallles, cuya extradición a Francia aún no ha sido aprobada por el Ejecutivo, Torres dijo que esa falta de plazo "nos ha creado algun problema en las últimas semanas".

El presidente del Tribunal Supremo, Antonio Hernández-Gil, expresó su deseo de que los magistrados del alto tribunal y los servidores de lajusticia puedan contar con instalaciones que "además de dignas, permitan trabajar en un adecuado espacio y con las elementales comodidades de que hoy carecen, porque todavía no ha llegado hasta aquí cuanto el Gobierno está haciendo por el servicio público de la justicia".

La apertura del año judicial estuvo precedida por la inauguración, por el Rey, de la nueva sede del Consejo General del Poder Judicial, en la calle del Marqués de la Ensenada.

El edificio, que albergó el Liceo Francés, está situado frente al Palacio de Justicia y complementa el complejo de instalaciones judiciales situadas en torno a la Plaza de la Villa de París entre las que se cuentan el Palacio de Justicia, la Audiencia Nacional y la sede del Tribunal Superior de Justicia.