El jefe del Estado Mayor de la Defensa destaca el elevado coste económico de un Ejército profesional

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Gonzalo Martín Granizo, se mostró ayer partidario de una mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas, aunque dijo ser contrario a la supresión de la mili obligatoria, porque, entre otras razones, resultaría muy caro. "Yo no sé si España podría asumir ese costo económico", dijo, al tiempo que recordaba que el proyecto del Gobierno de acortar la mili de 12 a nueve meses supondrá la reducción de 35.000 soldados. Por su parte, el defensor del pueblo, Álvaro Gil Robles, entregó un informe a los parlamentarios sobre el trato a los reclutas y pidió un estatuto del soldado.

El Jemad compareció ayer ante la ponencia parlamentaria que a puerta cerrada estudia la reforma del modelo de Fuerzas Armadas. Tanto Gonzalo Martín Granizo como Gil Robles, dejaron patente que no estaba entre sus funciones emitir juicios políticos sobre el sistema de defensa, pero a continuación el Jemad se mostró personalmente contrario a la supresión del servicio militar obligatorio y el defensor del pueblo se explayó sobre las dificultades y abusos que sufren los soldados de reemplazo.El almirante manifestó a los parlamentarios, según la versión de algunos asistentes, su opinión contraria a la mili oligatoria, aunque dijo estar totalmente a favor de un mayor grado de profesionalización.

El Jemad, haciéndose eco de la intención del PSOE de reducir el servicio militar de 12 a nueve meses, señaló que ello supondría una disminución de efectivos humanos de 175.000 a 140.000, lo que no evaluó de modo, alguno sino que se limitó a dar el dato. Una vez terminada la comparecencia el almirante señaló públicamente que "un Ejército enteramente profesional resultaría muy, caro" y se preguntó "si la nación podría sostener ese costo". El almirante expuso a los parlamentarios "algunos detalles de la defensa nacional" sobre los que pidió absoluta reserva.

Retrato de la 'mili'

De otro lado, en el informe presentado por el Defensor del Pueblo se realiza, a juicio de los parlamentarios, "un retrato muy exacto" de las condiciones de vida de los soldados y se recogen sus quejas. Entre éstas, figura desde el trato descortés a la hora de pedir datos en los centros de reclutamiento hasta la falta de información a los familiares cuando un muchado fallece por accidente o suicidio. Los reproches incluyen también que los soldados realizan, en muchas ocasiones, funciones no propias del servicio militar, como atender demandas domésticas de los jefes.

El Defensor del Pueblo dedicó otro capítulo a los accidentes. Así, refleja "el excesivo rigor físico de algunas pruebas que agravan enfermedades latentes, que no fueron detectadas por lo insuficiente del servicio de control médico en el reclutamiento". Otra causa de accidentes lo fue por "la utilización de armas de fuego sin instrucción o por un material en malas condiciones".

Por todo ello, el Defensor del Pueblo pidió la elaboración de un estatuto de derechos y obligaciones del soldado que incluiría las vías de reclamación contra abusos.