Riesgo bien servido

SI AL potencial peligro de la energía nuclear se añade la irresponsabilidad de quienes la manejan, el riesgo de desastre está más que servido. Ahora se ha sabido que el turboalternador principal número dos de la central nuclear de Vandellòs 1, en Tarragona, en el que el 19 de octubre de 1989 se produjo el incendio que obligó a la posterior clausura de la central, había sufrido tres averías con anterioridad en poco más de un mes. Pero más grave que esto, con serlo mucho, es que estos percances fueran silenciados en su momento y tras el incendio que originó el siniestro más peligroso de los ocurridos en España en el sector de la energía nuclear.Esta peligrosa conducta de la dirección de Vandellòs 1 muestra que el cierre de esta central era un imperativo de seguridad nacional y que lo mejor para todos es que continúe cerrada y bien cerrada. Pero las medidas exclusivamente administrativas no bastan cuando ha existido una actitud contumaz en el incumplimiento de las normas previstas para garantizar la vida y la salud de los ciudananos; es posible que existan también responsabilidades penales y civiles que deben ser investigadas y depuradas de modo urgente.

Las repetidas averías del turboalternador principal número dos, conocidas ahora por la publicación de la memoria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) correspondiente al segundo semestre de 1989, confirman un hecho gravísimo ya puesto de manifiesto en el informe del CSN sobre el accidente del 19 de octubre: la ausencia de una política de mantenimiento de las instalaciones de Vandellòs 1. Estremece pensar que tamaño acto de irresponsabilidad haya podido producirse impunemente en una central nuclear española. Ello explica, por otra parte, la sucesión de anomalías y accidentes habida en los últimos años en Vandellòs 1 y pone de manifiesto que el riesgo de un segundo Chernóbil asociado a esta central no ha sido producto de un tremendismo barato ni de la fantasía desbordada de poblaciones asustadas.

Pero de esta historia tampoco sale bien librado el Consejo de Seguridad Nuclear, cuya misión principal es precisamente velar por el estricto cumplimiento de las medidas te ndentes a evitar el desencadenamiento de los accidentes nucleares. Es inexplicable que nadie llamase la atención a la dirección de Vandellòs 1 por el incumpliento de dos de las medidas requeridas en 1986 por el CSN como consecuencia de la catástrofe de Chernóbil. Si estas dos medidas -mejora de los sistemas de protección contra incendios y de refrigeración- hubieran sido implantadas en su momento, el grave accidente del 19 de octubre "hubiera supuesto un riesgo más bajo", según reconoce el propio informe del CSN elaborado a raíz del suceso.

Pero la contumacia de la dirección de Vandellòs 1 en el incumplimiento de las más elementales normas de seguridad alcanzó su más alta expresión en la respuesta -mejor la falta de respuesta- dada a este accidente. Es el más bien cauto y reservado CSN el que reconoce que la dirección de la central no hizo nada de lo obligado para estos supuestos de alto riesgo: el plan de emergencia interior de la central no fue aplicado en momento alguno; el incidente no fue declarado como una emergencia; no se envió documentación escrita en la forma preestablecida, y las consecuencias fueron que, activado el plan de emergencia nuclear de Tarragona por el Gobierno Civil, no se dispuso en las primeras horas de la información necesaria para la puesta en marcha de dicho plan. Todo ello configura un cuadro lo suficientemente amenazante para los intereses públicos como para merecer la atención del ministerio fiscal. Y lo preocupante es lo poco o nada que se ha hecho a este respecto.