El Poder Judicial suspende de sus funciones a un juez relacionado presuntamente con el narcotráfico

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunió ayer con carácter extraordinario, decidió suspender provisionalmente de sus funciones al magistrado José Cáliz Covaleda. En este sentido, Andrés Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicó la apertura de diligencias contra este juez, destinado en la Audiencia de Granada, por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación tras la operación antidroga Tajo, en la que fueron detenidas 10 personas y requisadas joyas, armas, ropas e importantes cantidades de heroína y cocaína.

El comunicado del CGPJ dice lo siguiente: "Visto el informe preceptivo del ministerio fiscal, recabado por la comisión permanente de 31 de julio de 1990, en el expediente de suspensión del magistrado José Cáliz Covaleda, iniciado a virtud del auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 24 de julio de 1990, por el que se acuerda iniciar diligencias previas para la investigación de los hechos presuntamente delictivos que se imputan al expresado magistrado, de cohecho y prevaricación, cometidos en el ejercicio de su cargo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 383.1 y 383.4, se acuerda la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones".En la operación policial realizada hace 10 días en Alhama de Granada fue detenido Ramón Porras, abogado jienense y candidato suplente por Democracia Socialista de Jaén en las pasadas elecciones andaluzas, que permanece ingresado en prisión. Porras y José Cáliz Covaleda compartieron las dependencias de la universidad a distancia de Jaén, donde el magistrado impartía clases de Derecho Penal.

Cáliz Covaleda ha negado cualquier vinculación con redes de tráfico de droga, declarándose "totalmente inocente y sin ninguna responsabilidad", según unas declaraciones del propio magistrado realizadas el lunes en la localidad jienense de Beas de Segura, donde se encuentra de vacaciones, y que fueron publicadas ayer por el diario Jaén.

El magistrado ha asegura o desconocer los cargos que se le imputan, dado que el secreto sumarial dictado por el presidente del TSJA le imposibilita responder a las supuestas acusaciones. No obstante, dijo que lamenta la repercusión que su presunta vinculación con el tráfico de drogas ha tenido, "no sólo por mí, que estoy muy tranquilo, sino por toda mi familia, que lo está pasando peor que yo", y añadió que estudiará las acciones legales que estén en su mano una vez se, aclaren los hechos, "porque esto me ha cogido de improviso".

[En este sentido, el fiscal jefe en funciones del TSJA, Julio Espárrago, comunicó ayer la apertura de diligencias contra los medios de comunicación que han revelado el nombre del magistrado, informa Efe.]

Cáliz Covaleda aseguró respecto a su relación personal con el letrado jienense Ramón Porras González, -detenido en Granada en la Operación Tajo junto a otras nueve personas- que sólo conocía a Porras por haber sido profesor suyo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y por haber actuado en algunos casos en Jaén, negando cualquier otra relación con el letrado, y reiteró que su inocencia se encuentra fuera de toda duda.

Cáliz Covaleda fue uno de los tres magistrados que firmó la polémica sentencia que absolvía del delito de violación a una deficiente mental en Granada, y participó en los casos UTECO y Martos.

Por su parte, el juez decano de Granada, Emilio León Sola, ha rechazado cualquier muestra de apoyo o repulsa al magistrado afectado por las investigaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Por otra parte, el abogado de Ramón Porras, ingresado en prisión por su presunta implicación en los hechos, se personó el martes ante el Juzgado de Instrucción número 171 de Loja para pedir la libertad provisional de su defendido.