Las comunidades autónomas recibirán una parte del impuesto sobre la renta

La reforma del sistema de financiación autonómica, que comenzará a negociarse a partir de septiembre, tendrá como aspecto más destacado la concesión a las comunidades de una parte de la recaudación que obtenga el Estado con el nuevo IRPF, preparado por el Ministerio de Hacienda. El ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ha indicado que, aparte de mejorar el actual régimen, se pretende que las autonomías "se corresponsabilicen de la política fiscal del Gobierno".

Cuando se aplique el nuevo sistema, en cuyas negociaciones ha intervenido directamente José Borrel -que ayer no tuvo reparo en participar en la popular Diada de raiers en La Pobla dels Segur (Lérida) ataviado al uso y descendiendo sobre troncos atados por el río Noguera Pallaresa-, cada ciudadano conocerá exactamente qué porción del dinero que ha aportado a Hacienda va a gastar el Estado y qué parte se lleva su comunidad autónoma. De esta forma indirecta, ya que no supone un recargo impositivo, las autonomías tendrán que asumir una cuota de responsabilidad en la tarea de detraer a los contribuyentes parte de sus ingresos. Cada uno de ellos podrá ver en el impreso de su declaración la cantidad de la base imponible que se destina a cubrir los gastos del Estado y la que irá a su autonomía.Joaquín Almunia ha declarado que, aunque la fórmula y la cuantía que se asigne a una y otra administración debe ser negociada con las quince autonomías de régimen común (el País Vasco y Navarra se financian por el sistema especial de concierto o convenio), es la solución que cuenta con mayores posibilidades de prosperar finalmente.

Vías de ingresos

Hasta ahora, las comunidades autónomas tienen tres principales vías de ingresos: Las subvenciones directas del Estado con las que se cubren las competencias asumidas, la recaudación de tributos cedidos y la participación en impuestos estatales. La concesión de una parte de del IRPF se integra dentro de esta última fuente de recursos. Tanto el MAP como Hacienda han descartado la posibilidad de descentralizar parcialmente la gestión del IRPF o del IVA por las complicaciones que conllevaría.Por su parte, los Gobiernos autónomos no son partidarios de imponer recargos en el IRPF. La reacción negativa de los ciudadanos contra el recargo del 3% que intentó aplicar en Madrid Joaquín Leguina ha disuadido a los demás responsables autonómicos de utilizar este intrumento previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

La mayoría de sus recursos la constituyen las subvenciones estatales para financiar las competencias asumidas, que tienen carácter finalista: deben destinarse obligatoriamente a los fines para los cuales se conceden, y no a otros.

Hoy termina el plazo de declaraciones negativas y con derecho a devolución. Se espera que de los 9,3 millones de declaraciones, el 72% sean de devolución, 2% negativas con renuncia a devolución y 26% positivas.