Multas a 60 familias barcelonesas de clase alta por contratar a filipinos ilegales

La Delegación de Trabajo de Barcelona ha empezado a imponer sanciones, que ascenderán a un mínimo de 500.000 pesetas, a unas 60 familias de Barcelona por contratar a ciudadanos filipinos que trabajaban en el servicio doméstico, sin poseer los permisos de trabajo y residencia.La relación de las familias, de clase alta, se conoció a través de las declaraciones de sus empleados ante la policía, cuando se desarticularon dos agencias que los introdujeron ilegalmente en España. Este colectivo de extranjeros tiene ahora dos temores: que los despidan y que el Gobierno Civil les expulse del país.

El delegado de Trabajo de Barcelona, Javier lborra, afirmó que los expedientes contra las familias afectadas, cuya identidad no ha sido desvelada, ha sido remitida al departamento de inspección para que les notifique la sanción. La infracción administrativa está prevista en la Ley de Extranjería, que prescribe que los españoles que contraten a ciudadanos de otro país que carezcan de los permisos de trabajo y residencia serán multados con un mínimo de 500.000 pesetas.

Nuevas sanciones

Iborra afirmó que por el momento ha cursado los 60 expedientes que le ha facilitado la Brigada de Extranjeros de la Jefatura de Barcelona, aunque espera recibir más en los próximos meses.Los sancionados, que en su mayoría residen en Tres Torres, en la Bonanova y en Sant Cugat -lugares de residencia de familias de alto poder adquisitivo- alegaron que desconocían la irregularidad que cometían.

"Sean Filipinos, españoles o nigerianos, lo que no vamos a permitir es que se paguen 50.000 pesetas de sueldo a personas que trabajan más de 12 horas al día", advirtió Iborra. La identidad de los afectados se empezó a conocer el pasado mes de marzo, cuando la policía desarticuló una agencia, que se dedicaba a introducir filipinos ilegalmente en España facilitándoles visados falsos y pasajes a unos 200 viajeros. El precio era de unos 3.500 dólares, unas 385.000 pesetas. Los salarios que perciben en su país oscila entre las 6.000 y 8.000 pesetas al mes.

Fuentes policiales aseguran que la finalidad de su actuación policial ha sido destapar la explotación que cometían las familias sancionadas y no contra los filipinos, un colectivo que no les causa ningún problema de seguridad ciudadana.

"Han sido estafados por sus compatriotas y cobrando salarios míseros en España", afirmó la misma fuente, que aseguró que no existía ninguna intención de expulsarlos del país.