Fundaciones

EN ESTE mes de junio, al menos cuatro entidades financieras importantes han anunciado la creación de fundaciones propias, destinadas a fines culturales y filantrópicos. Crece, afortunadamente., el capital monetario fundacional. Banesto, con 15.000 millones de pesetas; el BBV, con 14.000; Caja de Madrid, con 6.000, y el Banco Central, con 5.000.No es concebible que la sociedad y el Estado regateen los elogios a este tipo de iniciativas. Sin embargo, nuestra política fiscal parece estar dispuesta a favorecer el mecenazgo y seguir maltratando a las fundaciones. La confusión y aun las contradicciones perturban la función social de estas instituciones, demandadas por el vitalismo creador de la sociedad española. Si el mecenas o patrocinador cubre huecos culturales con sus subvenciones, remendando las carencias presupuestarias de la Administración, las Fundaciones trabajan en propósitos de interés general, a medio o largo plazo y al margen de la rentabilidad propagandística inmediata.

El artículo 34 de la Constitución, con evidente novedad en el marco del constitucionalismo español y europeo, garantiza el derecho de fundación "para fines de interés general, con arreglo a la ley". Seguimos esperando esa norma, que podría tener el rango de ley orgánica y sentaría las bases y limitaciones del derecho de fundar.

La tardanza de esta decisión legislativa obliga a quien desee promover una fundación a moverse en una fronda de disposiciones de hace más de 75 años, como la Ley General de Beneficencia, de 20 de junio de 1849, y su Reglamento, de 1852, o el Real Decreto e Instrucción de 24 de junio de 1913, vigente para las fundaciones docentes. El Real Decreto de 21 de junio de 1972, más reciente, regula las fundaciones culturales. Los estatutos y las escrituras públicas tienen que sortear los escollos de infinidad de disposiciones preconstitucionales.

Ni siquiera contamos con datos exactos sobre la masa de capital privado fundacional. No pretendemos compararnos con EE UU, donde el capital fundacional asciende a 120.000 millones de dólares y 11.000 millones de renta anual. Sí deberíamos hacerlo con los Países Bajos, cuya inversión anual ronda los 5.000 millones de dólares. En España, sumando rentas fundacionales y donaciones puntuales de mecenazgo, se maneja la cifra de 50.000 millones de pesetas anuales. Cifra, sin duda, estimable, que podría equivaler a la mitad de lo que invierte en cultura la Administración central, pero se queda en una décima parte de la suma privada que invierten anualmente los holandeses. Las fundaciones españolas superan el número de 5.000. Suiza y Holanda andan por cerca de las20.000.

La curva ascendente del capital privado que se pone en España a disposición de fines de interés general es claramente ascendente y acredita la vitalidad de la iniciativa social, a pesar de la política fiscal, claramente disuasoria. Las reservas del legislador para no disminuir la masa tributaria o abrir portillos a la inmovilidad de patrimonios empresariales o familiares no parecen convincentes, si es cierto que el Estado podría multiplicar por cuatro el capital fundacional con una desgravación modesta de un 25%. Las fundaciones se justifican por su función social. Llegan a donde no lo puede hacer el Estado. Pueden asumir la investigación de alto riesgo. Son instrumentos de progreso, porque identifican las demandas sociales y liberan dinero para el bien público sin las trabas burocráticas de las instituciones oficiales. Se necesita una ley que premie al solidario y castigue severamente al pícaro.

Mientras este acto legislativo no se produzca se seguirá premiando a las entidades prepotentes, más celosas de su propia notoriedad que de apoyar las experiencias científicas y sociales que acometen diariamente espíritus más solidarios. Las nuevas fundaciones no deberían dejarse llevar por el discurso retórico ni por el acento de las grandes cifras y la simple relevancia de las grandes figuras, no siempre capaces de romper su propia endogamia intelectual ni de colaborar con otras fundaciones de mayor capital ideológico y menores recursos económicos. El protagonismo es mal consejero. Los nuevos retos sociales, culturales y científicos europeos no necesitan otros padrinos que aquellos que sean capaces de trabajar en equipo y despertar la sensibilidad solidaria en el diálogo, en el rigor y en la experiencia contrastada.

El Estado debe alentar a los creadores y estimular la canalización del capital privado a fines de interés general. Basta que el Gobierno supere sus propios prejuicios, confile e identifique normativamente la iniciativa social y envíe cuanto antes al Parlamento una ley que desarrolle y encauce la creatividad privada y el derecho de fundación.