El Constitucional deliberó ayer sobre el amparo a tres diputados de UB

El Tribunal Constitucional continuó ayer la deliberación, iniciada el 5 de junio último, sobre el recurso de amparo de tres diputados electos de Herri Batasuna (HB) contra la decisión del presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, que invalidó su acatamiento a la Constitución, por haber antepuesto a la fórmula reglamentaria las palabras por imperativo legal. Tras largas horas de espera de la sentencia, una funcionaria de la centralita telefónica del alto tribunal fue la encargada de informar que ayer no se haría público el fallo.La misma funcionaria advirtió a este periódico hacia las 17.30 que no pasaría llamadas a los servicios de prensa, ya que todas las personas que trabajan en los mismos se habían ausentado. En efecto, los habituales interlocutores de los medios de comunicación social no cogían por la tarde los teléfonos directos.

Por su parte, Íñigo Iruin, senador electo de HB y letrado que preparó el recurso, no quiso ayer adelantar ninguna opinión hasta que se conozca la sentencia.

Asunto "delicado"

Según fuentes del alto tribunal, su presidente, Francisco Tomás y Valiente, en un descanso de la deliberación, manifestó su sorpresa ante la información publicada por algunos medios, que aseguraban que ayer se conocería la sentencia. Por el contrario, y sin descartar que durante la jornada se concluyera la deliberación, Tomás y Valiente recordó que se trataba de una cuestión "delicada", que requería dedicarle todo el tiempo necesario.

Como anticipó este periódico, al comienzo de la deliberación la mayoría de los 12 miembros del Tribunal Constitucional mostró su acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ponente de este asunto y vicepresidente del alto tribunal, Francisco Rubio Llorente, favorable a la concesión del amparo (veáse EL PAÍS del 11 de junio de 1990).

Esta información desató un gran malestar en el seno del alto tribunal, algunos de cuyos miembros expresaron en privado su preocupación tanto por la difusión de unos datos reservados, objeto de una deliberación secreta, como por la utilización que sectores recalcitrantes hicieron de la noticia, como arma arrojadiza contra el tribunal o alguno de sus miembros. Todo ello contribuyó, según tales fuentes, a impedir el deseado "sosiego de la deliberación", invocado por el alto tribunal en su resolución del 29 de marzo último, como compatible con el máximo adelanto posible del "momento de dictar sentencia".