Las elecciones sindicales de funcionarios se adelantan un año y se celebrarán en el otoño junto a las del conjunto de las empresas

Las elecciones sindicales en la función pública, que estaba previsto se celebrasen a finales de 1991, se adelantarán un año y tendrán lugar en el próximo otoño junto a los comicios del conjunto de las empresas públicas y privadas. Ello será posible después de que se apruebe la ley que regula la negociación colectiva de los empleados públicos y su participacion en la determinación de las condiciones de trabajo, aprobada ya ayer en el Congreso.Para unir las elecciones sindicales, la ley se aprobó ayer mediante el procedimiento de lectura única, de modo que pueda estar vigente en el plazo más breve posible. De esa manera será posible convocar las elecciones en la función pública para que tengan lugar a final de año. El argumento utilizado por el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, es que la ley supone un acercamiento entre los sistemas de representación y negociación de los funcionarios y de los demás trabajadores, y es lógico que también coincidan las fechas de sus respectivos comicios. Las competencias en materia electoral que antes correspondían al Consejo Superior de la Función Pública pasan a partir de ahora a la Junta Electoral General.

Serán objeto de negociación el aumento de las retribuciones anuales de los empleados públicos, la promoción interna, las prestaciones y pensiones de clases pasivas, la salud laboral, el ingreso en la Administración, la formación y el perfeccíonamíento, y otros aspectos relativos a las condiciones de trabajo que con la legislación anterior eran sometidos a consulta, pero no negociados.

La ley aprobada ayer por el Parlamento por 152 votos a favor, 72 abstenciones del Partido Popular y ningún voto en contra, reconoce el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos y es producto de uno de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO el pasado mes de febrero. Posteriormente el Ministerio de Administraciones Públicas ha logrado también un consenso con los responsables autonómicos y locales representados en el Consejo Superior de la Función e incluye 10 enmiendas de los grupos parlamentarios Popular, Mixto y del PNV.