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Afloran discrepancias entre el 'aparato' del PSOE y miembros del Gobierno en el debate precongresual

Anabel Díez

Dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno se entrecruzan en estos días sutiles reproches al defender los primeros su derecho a influir en las decisiones gubernamentales, mientras que los segundos reclaman la autonomía de¡ Gobierno respecto de¡ partido. Discrepancias concretas se han suscitado entre los responsables de¡ partido de política autonómica y económica, Abel Caballero y Francisco Fernández Marugán, respectivamente, y el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y un sector del equipo económico del Gobierno, cuyo titular es; Carlos Solchaga.

Dirigentes socialistas restaron importancia a esta "pluralidad de opiniones" y aseguraron que se enmarcan dentro del proceso precongresual del partido en el que cada cual "toma posiciones" en relación con la próxima composición de los órganos de dirección.En las escaramuzas concretas de las últimas horas se encuentran explicaciones ciertamente conciliadoras, ya que todos tienen presente las elecciones andaluzas del 23 de junio al asegurar que el principal objetivo es 1a unidad de todos para ganarlas por mayoría". En aras de quitar hierro a la polémica, miembros de la ejecutiva aseguran que la tesis de Francisco Fernández Marugán y del grupo parlamentario de mantener la moratoria nuclear no pueden interpretarse como un enfrentamiento entre partido y Gobierno

Sectores gubernamentales no es que difieran absolutamente de esta tesis aunque sí reconocen que hay "discrepancias de método". Desde el PSOE se apela "a la máxima cita de autoridad", que es el secretario general del PSOE, Felipe González, que el 23 de octubre en un mitin en La Coruña, manifestó 1o mismo que ahora ha dicho Fernández Marugán respecto a mantener la moratoria nuclear".

Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ha mostrado su desacuerdo con parte del documento que será debatido este fin de semana en Sevilla en la conferencia municipal del PSOE en relación con las cortapisas para presentar mociones de censura elaborado principalmente por la secretaría del área institucional que dirige Abel Caballero.

En este documento del PSOE, del que ahora discrepa Almunia, se pide la modificación de la Ley General Electoral, de manera que para presentar mociones de censura en los ayuntamientos se requiera la firma de los dos tercios de los concejales en vez de la mitad más uno que ahora rige.

Por el contrario, el ministro explicó ayer a este periódico que su propuesta no es la de modificar la Ley General Electoral, sino la de Bases de Régimen Local para ampliar los poderes del alcalde y de su equipo de Gobierno en detrimento del pleno. A juicio del ministro, resulta inoperante que cualquier asunto "del día a día" tenga que pasar por el pleno.

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Asimismo, estima que la propuesta de su partido respecto a las mociones de censura no es conveniente dado que es muy difícil que esa situación se produzca, mientras que sí es factible que se den situaciones de bloqueo con una oposición unida que, aunque no llegue a los dos tercios, sí pueda impedir la aprobación de cualquier iniciativa del equipo de Gobierno. Así las cosas y pensando en la "estabilidad municipal" antes de que se produjera esa situación de bloqueo sería preferible que pudieran presentarse mociones de censura, al menos para que alguien pueda gobernar.

Dirigentes del PSOE consideran que a estas discrepancias que interpretan como el deseo de miembros del Gobierno por estar en la ejecutiva, aflorarán poco a poco y aseguran que estos días "como antes de cada congreso" se empieza a observar el interés de presidentes de autonomías por estar en ese órgano de dirección. En concreto, se, cita a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, y a José Bono, de Castilla-La Mancha.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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