El Estado pagará a las víctimas de la colza si se condena a cargos de UCD

, El juez instructor del segundo sumario de la colza, Carlos Bueren, ha ordenado que se celebre juicio contra 10 funcionarios -cinco ex altos cargos de la extinta Unión de Centro Democrático (UCD) y otros cinco de la administración local- presuntos responsables por negligencia de la intoxicación masiva que asoló España en 1981. El juez ha declarado al Estado responsable civil subsidiario, lo que supone que la Administración tendrá que hacer frente a las indemnizaciones a los afectados si alguno de los acusados resultara condenado.

Las compensaciones económicas para los enfermos del síndrome tóxico oscilan entre 150.000 pesetas para los que estuvieron lesionados menos de 15 días y 90 millones para los grandes inválidos, y supondrían para las arcas del Estado un desembolso de varios miles de millones de pesetas.La decisión del judicial supone el primer paso de un proceso instado con la finalidad de dar una cobertura económica a los miles de afectados por el síndrome tóxico y a los herederos de los fallecidos.

Para los abogados de los damnificados, la verdadera trascendencia de esta resolución judicial no pasa por meter en la cárcel a una decena de antiguos ex funcionarios, algunos ya jubilados, sino conseguir una declaración de culpabilidad que abra el camino de las arcas del Estado para el cobro de las indemnizaciones, de las que deberán descontarse "las cantidades que el Estado acredite entregadas".

El auto del juez Bueren, anticipado ayer por El Sol, distingue cuatro grupos de hechos en los que agrupa las presuntas responsabilidades. En esa línea, considera inculpado a Manuel Hernández Bolaños, de 65 años, ex director del Laboratorio Central de Aduanas, por los hechos que se refieren a las autorizaciones para utilizar el aceite de anilina -en vez del aceite de ricino que se venía empleando- como desnaturalizante del aceite de colza.

Falta de control

El segundo de los grupos se refiere a la falta de atención y control sobre las licencias de importación del aceite de colza. El "notabilísimo aumento de las importaciones", según el juez, debió hacer ver a los responsables de la Administración la falsedad del destino aparente (el uso industrial) respecto al destino real, el consumo de boca.

La resolución explica que resultaba antieconómico comprar en Francia aceite de colza, hacerlo refinar y desnaturalizar, transportarlo hasta España y luego utilizarlo en la industria, "cuando en todo caso puede comprarse el mismo producto sin refinar o crudo". Como supuestos responsables serán llevados a juicio José Guilló Fernández, ex director general de Consumo y ex comisario de Abastecimientos y Transportes, que autorizaba las importaciones, y Federico Povedano Alonso, jefe de Importación de Productos Agrícolas, que se abstuvo de aclarar el aumento de las importaciones de la empresa RAPSA.

Antonio Bardón Artacho, de 44 años, jefe del Servicio contra Fraudes, ha sido acusado de negligencia en el control de las industrias aceiteras, por "no haber impedido la venta" de aceites de Oleícola Toledana y Raelca, empresas que carecían de número de registro sanitario.

Roberto Conty Larraz, de 66 años, subdirector general de Alimentación, comparecerá a juicio por haber certificado como "apto para el consumo" un análisis sobre aceites en el que no se informaba sobre determinaciones tóxicas.

Venta ambulante

El juicio se dirigirá también contra el ex alcalde socialista de Alcorcón José Aranda Catalán y los ex concejales de este Ayuntamiento Francisco Mayo Giménez y Casimiro Mayo Rodríguez. En el mismo caso están Miguel Casado Palomero y Julián Pérez Cabello, ex funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid. A todos se les inculpa por el "negligente control de la venta ambulante".