El PA presenta una triple querella contra Juan Guerra

El secretario general del Partido Andalucista (PA), Salvador Pérez Bueno, anunció ayer la presentación de una triple querella contra Juan Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, al que le imputan los delitos de "malversación de caudales públicos, del artículo 396 del Código Penal; cohecho, del artículo 385, y defraudación a la Hacienda pública, del artículo 349". En la querella se solicita la declaración ante el juez de Alfonso Guerra y de los tres últimos delegados del Gobierno en Andalucía: Tomás Azorín, Leocadio Marín y Alfonso Garrido.La querella del PA será presentada ante el titular del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Angel Márquez Romero, que sigue instruyendo un sumario por otra denuncia presentada por Izquierda Unida contra Juan Guerra. La querella está basada en la denuncia del PA, archivada por la Fiscalía General del Estado, y en las conclusiones que, según los andalucistas, se desprenden del exámen del libro de visitas de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Tras un relato de las actividades de Juan Guerra en el citado despacho y una referencia de sus visitantes más habituales y sus relaciones con negocios o empresas, la querella afirma que Juan Guerra aparece como autor de los tres delitos por el que se: solicita su procesamiento "estando sin determinar aún... los autores, cómplices o encubridores de los mismos". En este sentido, Salvador Pérez Bueno afirmó ayer que "presumiblemente pensamos que detrás de Juan, no sólo políticamente sino penalmente, está Alfonso Guerra".

Reprobación de Guerra

Pérez Bueno anunció que el próximo jueves será presentada por el diputado de Cádiz al Congreso por el PA, Antonio Moreno, "una proposición no de Ley de reprobación del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra", y una solicitud al presidente Felipe González, "para que cese inmediatamente del cargo al vicepresidente" del Gobierno.Respecto a los tres delitos que el PA imputa a Juan Guerra, argumenta que para el de malvesación de caudales públicos es aplicable una sentencia del Tribunal Supremo de 1967 en la queaplica el artículo 396 del Código Penal a un funcionario que utiliza para sus atenciones particulares un vehículo oficial. Fundamenta la condición de funcionario de Juan Guerra recogiendo amplia jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La querella le imputa el delito de cohecho por intervención en el desbloqueo del proyecto turístico de Barbate, "que por dicha mediación cobró cierta caritidad de dinero". En cuanto al delito de defraudación a Hacienda, la denuncia afirma que atendiendo al volumen de negocios del querellado, su participación económica en varias sociedades y la adquisición de bienes, "se pone de manifiesto que Juan Guerra ha eludido el pago de tributos en cuantías muy superiores a la de 5 millones de pesetas que señala como límite el Código Penal".