La Xunta de Galicia crea un registro público de intereses de altos cargos
La Xunta de Galicia decidió ayer la creación de un registro público en el que los altos cargos de la Administración deberán hacer constar sus actividades empresariales privadas. El registro estará a disposición de todos los ciudadanos que lo soliciten. Entre los altos cargos a los que se obliga a hacer declaración de intereses figuran los delegados provinciales, los jefes de los gabinetes de los consejeros y todos los miembros del gabinete del presidente de la Xunta, además de los directores generales y los consejeros de la Xunta.
También deberán dar cuenta de sus actividades económicas privadas el director general de Radiotelevisión Galicia y los máximos responsables de los organismos dependientes de la Administración.En el registro los altos cargos harán constar de forma expresa que no prestan labores de dirección, representación o asesoramiento "en sociedades mercantiles o civiles y consorcios de fin lucrativo", aunque éstas no tengan contratos con la Administración. Tampoco está permitido que este tipo de actividades empresariales sean realizadas por personas interpuestas.
Cónyuges e hijos menores
Las personas afectadas por el decreto que ayer aprobó el Gobierno gallego incluirán en el registro la participación económica que tengan en empresas privadas ellos mismos, su cónyuge o sus hijos menores, así como las actividades desarrolladas en representación de la Administración en órganos colegiados de organismos públicos.Queda prohibido que los altos cargos ejerzan por sí mismos o mediante sustitución profesión a la que normalmente se dedican en su vida privada "salvo cuando se trate de actividades culturales o científicas".
Estos datos se harán registrar en la inspección de servicios de la Xunta de Galicia, donde podrán ser consultadas por cualquier ciudadano que lo solicite personalmente o a través del Correo.
Los miembros del Gobierno gallego que preside Manuel Fraga ya habían anunciado nada más tomar posesión de sus cargos que realizarán una declaración jurada de bienes ante notario.
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