270 familias de policías, amenazadas de desahucio

Unas 270 familias de policías que ocupan viviendas en la Colonia de la Policía Nacional, en la zona de Francos Rodríguez, están amenazadas de desahucio como consecuencia de los procedimientos judiciales iniciados por la Mutualidad de Previsión Social del Extinto Cuerpo de la Policía Nacional. Esta entidad ha presentado ya en distintos juzgados un total de 78 demandas de desahucio contra otras tantas familias, en su mayoría agentes jubilados y viudas.La citada colonia, con 500 viviendas, fue construida en 1962 por la Asociación Mutua Benéfica del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Los pisos, edificados sobre suelo estatal, costaron unos 79 millones de pesetas. Parte de este dinero se sufragó con las cuotas de los mutualistas y otra parte mediante créditos flexibles que los ocupantes de las viviendas fueron sufragando a través de un alquiler.

La mutualidad, que ha cambiado sucesivamente de nombre hasta adquirir el actual, ha decidido reclamar los pisos por considerar que, tal y como figura en el contrato, los actuales ocupantes deben abandonarlos por no ser ya "funcionarios en activo del cuerpo".

Situación consentida

Sin embargo, en muchos casos, la mutualidad ha consentido que los afectados siguieran residiendo en sus casas, situación esta que se ha prolongado durante varios años. Por ello, los inquilinos no entienden ahora las prisas" de la entidad demandante por vaciar los pisos.Los inquilinos de las casas han puesto el asunto en manos de los abogados de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV). José Antonio Jiménez, abogado de la FRAV, alega que la mutualidad persique especular con los pisos y añade que los policías no pierden su condición de tales a pesar de su jubilación.

Jiménez apunta que la mutua no puede ejercitar la acción legal que ahora lleva a cabo porque no ha cumplido con el requisito de informar previamente a los afectados y de darles audiencia para alegar, tal y como marcan los estatutos de la entidad. Señala también que los pisos han dejado de tener la condición de viviendas de protección oficial (VPO), ya que en la cédula de calificación definitiva concedida en los años 60 se consignaba que tal condición se perdería a los 20 años, para quedar sujetas a la vigente legislación sobre alquileres. Por ello, insiste Jiménez, "no se pueden iniciar los procedimientos, ya que estos sólo serían válidos si los pisos siguieran sujetos a la legislación sobre VPO".

Una fuente de la asociación de afectados ha asegurado que entre las personas amenazadas de desahucio hay unas 50 viudas de policías "algunas con pensiones de 28.000 pesetas", y jubilados con más de 80 años.

Para el próximo mes de mayo están previstos 38 juicios por este motivo y otros 40 para el mes de junio. El primero de los juicios se celebra hoy.