Las cintas del juez Manglano ofrecen indicios de sobornos habituales para financiar los partidos
La investigación del juez Luis Manglano ofrece indicios de que un gran número de empresas entregan dinero negro de forma habitual a algunos partidos para garantizar decisiones políticas que beneficien sus intereses. Los ayuntamientos, por el volumen de negocios que manejan, constituyen el escenario ideal de esta práctica delictiva. El dinero obtenido de los sobornos enriquece las arcas de los partidos y el bolsillo de los intermediarios. Fuentes relacionadas con la investigación del caso Naseiro han calificado las pruebas obtenidas por el juez valenciano como un "retrato de familia".
En las escuchas telefónicas grabadas por Manglano, entre el ex tesorero del Partido Popular, Rosendo Naseiro, el concejal del PP en Valencia Salvador Palop, y directivos de importantes empresas, se manejan cifras de peajes y pagos de comisiones, que oscilan entre el 2 y el 5%.El Partido Popular y el Partido Socialista, que gobiernan en la mayoría de los grandes ayuntamientos, son las dos formaciones políticas que se mencionan en las conversaciones telefónicas grabadas por orden del juez. También aparecen referencias en la investigación al partido de la derecha regional, Unión Valenciana. Sin embargo, las pruebas remitidas por Manglano al Tribunal Supremo, después de inhibirse del caso, sólo inculpan de forma directa a militantes del PP. En estas operaciones juegan un papel decisivo sociedades de intermediación como Futuro Financiero, dirigida e integrada por miembros de la ejecutiva del PP como Arturo Moreno o por el concejal Palop, entre otros. La citada firma aparece en la documentación del caso Naseiro.En las conversaciones aparece principalmente la voz del concejal Salvador Palop, que negocia las comisiones a dos bandas con Naseiro y con el diputado por Madrid Angel Sanchís, hombre de confianza de Manuel Fraga y antiguo responsable de finanzas del PP. El juez le preguntó primero a Palop, tras ser incomunicado, por una serie de asuntos que aparecían en las grabaciones sin decirle que existían. El concejal, que negó inicialmente las acusaciones, se derrumbó y confesó cuando Manglano le obligó a oír retazos de las transcripciones.La voz del presidente de la empresa Etra, José Balaguer, aparece asimismo en las cintas. Según ha podido saber este periódico, cuando a Balaguer se le pide dinero, responde que no tiene inconveniente en ayudar económicamente al partido. Aunque la voz de Luis Janini, no esté registrada, la empresa Dragados y Construcciones, de la que es delegado en Valencia, resulta citada de forma constante.
La mayoría de los detenidos negó ante el juez que las voces que se les atribuían en las cintas fuesen las suyas. Sólo Palop reconoció su autoría. El hecho de que una entidad bancaria avisara a Salvador Palop de que la policía judicial estaba investigando sus cuentas bancarias, precipitó la actuación de Manglano, que no tiene pruebas directas que impliquen al PSOE.
Pese a ello, en las conversaciones telefónicas se alude al cobro de una comisión por la alcaldesa de Valencia, la socialista Clementina Ródenas. Por su parte Manglano, ha abierto nuevas diligencias para investigar algunos flecos de la trama. Portavoces valencianos del PSOE han rechazado la vinculación de militantes de su partido con el llamado caso Naseiro.Conexiones en toda España
Las pruebas, que actualmente estudia el Tribunal Supremo, ponen de manifiesto que el cobro de comisiones está centralizado en Madrid y que existen conexiones en distintos puntos de España. La investigación de Manglano sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera y las adjudicaciones de algunos servicios municipales en los ayuntamientos de Elche y Alicante a Dragados son sólo dos ejemplos concretos de lo que parece ser una práctica habitual, según las diligencias del caso Naseiro.El expediente para la construcción de un pabellón polideportivo en la localidad costera de Cullera fue uno de los documentos solicitados por el juez. El arquitecto que diseñó el proyecto Francisco Javier Domínguez desapareció de Valencia y eludió la orden de detención dictada por Manglano. La adjudicación del servicio de limpieza de Elche (Alicante), municipio gobernado con mayoría socialista, a Dragados y Construcciones por un importe de 10.000 millones de pesetas, considerada irregular por algunos concejales del Ayuntamiento, ha sido también investigada por el magistrado.Empresarios y constructores han confirmado que el cobro de comisiones es una práctica generalizada en la mayoría de los negocios que se realizan con la Administración y han señalado que el pago se efectúa sin dejar huella. Las comisiones se pactan con representantes de los partidos y se abonan en metálico. Nunca se utilizan talones bancarios ni recibos. Las empresas tampoco conocen qué parte de la comisión se destina a los partidos y qué cantidad retienen los intermediarios.
