El servicio de limpieza de Elche centró la actuación de Manglano
La concesión del servicio de basuras y limpieza de Ayuntamiento de Elche, adjudicada a la empresa Dragados y Construcciones, SA, sin cumplir los requisitos mínimos del pliego de condiciones, por una duración de 10 años y un importe cercano a los 10.000 millones de pesetas, constituye uno de los objetivos de la investigación iniciada por el juez valenciano Luis Manglano por un presunto delito de cohecho.
La concesión fue decidida por un pacto entre el PSOE, que dispone de mayoría absoluta en Elche, y el PP.El Ayuntamiento de Elche, una ciudad de 182.000 habitantes en la provincia de Alicante, con 27 concejales -de los cuales 14 pertenecen al PSOE; 4, al CDS; 4, al PP; 2, a IU, y 3 más, escindidos del CDS y el PP, que conforman el Grupo Mixto-, adjudicó a Dragados y Construcciones esta concesión el día 5 de junio de 1989.
La empresa Itusa, vinculada al PSOE, radicada en Elche y que desde 1980 se había hecho cargo de la concesión del servicio de limpieza municipal, quedó apartada de la concesión tras una polémica votación que contó con los votos a favor de todos los grupos municipales representados en la corporación, a excepción de los concejales de Izquierda Unida. Fuentes municipales de Elche señalaron ayer a este periódico que la renovación de la concesión a Itusa se daba como segura lías antes del pleno en el que finalmente se adjudicó a Dragados y Construcciories.
Esta decisión a favor de Dra gados y Construcciones -cuyo delegado en la Comunidad Valenciana, Luis Janini, fue detenido por el juez Manglano junto con el ex tesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro, el concejal popular en Valencia Salvador Palop y tres personas más- fue adoptada, según los documentos consultados por este periódico, a pesar de que la empresa no cumplía los requisitos mínimos estipulados en el pliego de condiciones exigidas por el Ayunta miento.
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Dragados incumplía las condiciones para optar al servicio de limpieza de Elche
Viene de la primera páginaDragados y Construcciones, en su proyecto, propuso una plantilla de 253 trabajadores para el servicio, a pesar de que el pliego de condiciones exigía un mínimo de 274; carecía de terrenos de su propiedad en el término municipal de Elche, condición asimismo exigida en el concurso para la ubicación de un futuro vertedero, y no alcanzaba la flota de vehículos demandada por el Ayuntamiento.
El incumplimiento de estos requisitos fue criticado duramente por el grupo de Izquierda Unida, que el pasado 6 de febrero presentó una denuncia en la Dirección General de Administración Local de la Generalitat valenciana contra la empresa Dragados y empresa Dragados Y Construcciones, SA, por haber iniciado las obras de un parque de maquinarias y servicios para la empresa sin la correspondiente licencia municipal.
Se da la circunstancia de que el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche Manuel Ortuño es el firmante de uno de los documentos que la Policía se llevó de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Valencia en el momento de la detención de Salvador Palop.
Fuentes empresariales consultadas por este periódico han confirmado que la empresa Dragados y Construcciones, SA, mantuvo contactos con los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Elche a través de un representante de esta empresa.
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